El presidente Javier Milei arribó el martes pasado a Jerusalén para reunirse con Benjamín Netanyahu, en una visita que reafirmó su estrecha alianza con el gobierno israelí. Inició su regreso a la Argentina el jueves, vía Madrid, pocas horas antes de que Israel lanzara un ataque masivo contra instalaciones nucleares y militares en Irán, que incluyó asesinatos selectivos de oficiales y científicos vinculados al programa atómico persa.
En medio de ese contexto, medios influyentes de Teherán difundieron una noticia llamativa: la existencia de una causa judicial en Irán contra 13 funcionarios y figuras públicas argentinas, actuales y del gobierno anterior, por su participación en la detención, en 2022, de 19 ciudadanos iraníes y venezolanos que permanecieron retenidos durante cinco meses en Argentina. Estos integraban la tripulación de un avión que posteriormente fue decomisado por Estados Unidos en febrero de 2024.
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Se trata del Boeing 747-300 que la aerolínea iraní Mahan Air transfirió años atrás a la venezolana Emtrasur Cargo. Según publicó el influyente Tehran Times, durante la visita de Milei a Israel, el abogado Ali Mashayekhi anunció que su cliente, el capitán Gholamreza Ghasemi —piloto del vuelo de Emtrasur— junto a otros tripulantes, presentó una denuncia contra funcionarios argentinos y estadounidenses.
Mashayekhi afirmó que “tras acciones ilegales y contrarias al derecho internacional por parte de funcionarios argentinos, incluyendo la toma de rehenes, tortura y maltrato físico y psicológico durante 150 días”, se presentó una demanda ante el Tribunal General de Teherán. Esta acción judicial reclama daños y perjuicios por las condiciones de detención y responsabiliza también al «régimen sionista» (en referencia a Israel) y a Estados Unidos por haber promovido el incidente.
El abogado agregó: “Invocando principios del derecho internacional, tratados internacionales y normas internas de la República Islámica de Irán, exigimos una indemnización por los daños materiales y morales sufridos, así como la condena solidaria de funcionarios e instituciones de Argentina y EE.UU.”
La denuncia no detalla nombres, pero señala que involucra a un presidente y varios ministros. No queda claro si se refiere a Alberto Fernández —bajo cuya gestión se produjo la detención— o a Javier Milei, quien autorizó la entrega del avión a Estados Unidos.
Entre los rostros exhibidos por los medios iraníes figuran el expresidente de la DAIA Jorge Knoblovits, el juez federal Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona, el exministro de Justicia Martín Soria, y los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy.
Según la denuncia, «el gobierno argentino, como persona jurídica, junto con 13 funcionarios gubernamentales y judiciales —entre ellos el presidente, ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, un juez federal, un fiscal y parlamentarios— han sido acusados». También se imputa a la DAIA y al gobierno de Estados Unidos por su presunta presión política en el caso.
Fuentes diplomáticas consultadas interpretan la publicación como una reacción del régimen iraní a la visita de Milei a Israel, más que como una consecuencia directa de los ataques militares recientes. No obstante, preocupa que esta demanda pueda tener repercusiones legales o físicas para los denunciados en eventuales viajes a países aliados de Irán.
Antecedentes del caso
El avión de Emtrasur arribó a la Argentina el 6 de junio de 2022, proveniente de Caracas, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, entre ellos el capitán Ghasemi. Tras intentar volar a Montevideo, donde se le negó el ingreso, retornó a Ezeiza y fue demorado. Así comenzó una extensa y mediática investigación.
El Boeing 747-300, modificado como carguero, fue retenido por estar sujeto a sanciones del gobierno de EE.UU., que lo vinculaba con actividades terroristas. Las empresas proveedoras de combustible se negaron a atenderlo. La DAIA pidió que se investigara a la tripulación y se inició un proceso judicial. Los tripulantes fueron alojados en un hotel en las afueras de Buenos Aires.
El caso generó movilizaciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro exigía la liberación del avión y su tripulación. Se especuló con vínculos entre Ghasemi y la Guardia Revolucionaria iraní, aunque no se comprobaron conexiones con el terrorismo.
Algunas de las figuras mencionadas en la denuncia Entre ellas, de derecha izquierda, los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; el juez Federico Villena; la fiscal Cecilia Incardona; el expresidente de la DAIA, Jorge Knoblovits
Cinco meses después, y ante reclamos diplomáticos de Irán, los tripulantes fueron liberados en tandas. El avión quedó retenido hasta febrero de 2024, cuando, ya bajo la presidencia de Milei, fue entregado a Estados Unidos. La aeronave fue trasladada al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade.
Según la denuncia presentada en Teherán, la actuación de Argentina respondió a un «escenario diseñado por el régimen sionista y Estados Unidos», que derivó en detenciones arbitrarias, registros domiciliarios, decomiso de pertenencias y condiciones inhumanas de alojamiento. Se alega que los afectados, junto a sus familias, sufrieron daños psicológicos y pérdidas materiales por la falta de acceso a la defensa y la difusión de noticias falsas.
“El gobierno argentino se vio finalmente obligado a liberar a los tripulantes por falta de pruebas y ante la presión de la defensa legal”, concluye el escrito judicial presentado ante el tribunal iraní.
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Con Información de Clarin.-
