La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Donald Trump, permitiéndole poner fin a la protección legal temporal concedida a unos 532.000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta medida había sido implementada por la Administración de Joe Biden a través del denominado parole humanitario.
Con siete votos a favor y dos en contra —los de las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson—, el máximo tribunal aceptó la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión deja sin efecto, al menos por ahora, el fallo de una jueza federal de Massachusetts, que había bloqueado la intención del Ejecutivo de anular este mecanismo sin evaluar los casos de forma individual.
En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson criticó duramente la decisión: “El tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy”, escribió. Además, advirtió que el fallo “no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Ejecutivo trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de personas mientras sus demandas legales aún están pendientes”.
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Brown Jackson alertó que los beneficiarios del parole se enfrentan ahora a “dos opciones insostenibles”: regresar a sus países de origen, donde podrían estar expuestos a graves peligros —como ya había advertido la jueza de Massachusetts—, o permanecer en Estados Unidos una vez expirado su permiso, arriesgándose a una expulsión inminente y a sus consecuencias legales.
Este es el segundo revés para los migrantes en lo que va de año: hace apenas diez días, la Corte también permitió al expresidente Trump retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 venezolanos.
Trump, quien regresó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer drásticamente la política migratoria, ha reiterado su intención de llevar a cabo deportaciones masivas.
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El parole humanitario fue ampliado por Biden en enero de 2023 con el objetivo de ofrecer una vía legal de ingreso a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, nacionalidades que entonces lideraban los cruces irregulares en la frontera sur con México.
Con Información de ElNacional.-
