El Gobierno argentino exigió la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 bajo cargos de espionaje, y denunció ante la comunidad internacional un “proceso sistemático de violaciones a los derechos humanos” en ese país.
En un comunicado difundido por la Cancillería Argentina, la administración de Javier Milei acusó directamente a Diosdado Cabello —vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) — de liderar una “maquinaria represiva” basada en el secuestro de inocentes, desapariciones forzadas y hostigamiento a familiares de opositores.
“Estas prácticas se ejercen desde el poder del Estado, con complicidad de estructuras de seguridad, inteligencia y justicia”, señaló el documento, que califica estas acciones como “terrorismo de Estado” y reclama una respuesta urgente de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad.
La Cancillería también expresó su “profunda preocupación” por la detención de ciudadanos argentinos y reafirmó su compromiso de impulsar acciones legales internacionales contra los responsables materiales e intelectuales.
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Escalada diplomática
La tensión entre Argentina y Venezuela se ha intensificado desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023. En febrero, Caracas decidió cerrar su espacio aéreo a vuelos argentinos tras el decomiso de un avión venezolano en Buenos Aires. En julio, Argentina anunció su reincorporación a la denuncia contra Venezuela ante la CPI, de la cual se había retirado en 2021.
El conflicto se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que Buenos Aires denunció como fraudulentas. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos. Actualmente, Brasil actúa como país intermediario para la atención consular y protección de asilados.
Caso Nahuel Gallo
El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre en Venezuela. Según autoridades venezolanas, está acusado de realizar tareas de espionaje, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que sustenten la acusación. Organizaciones de derechos humanos y la oposición argentina han cuestionado la legalidad de su detención y reclaman garantías procesales.
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Con Información de Prensa Cancilleria.-
