El Gobierno dispuso la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de gestionar una parte clave de la red vial troncal del país. La medida fue oficializada este jueves a través del decreto 224, publicado en el Boletín Oficial, y llega un mes después de que se autorizara el proceso de privatización de las rutas nacionales.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la intervención busca realizar una auditoría exhaustiva para garantizar una transición ordenada sin afectar las obligaciones contractuales vigentes.
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Nueva interventora y funciones
La intervención de Corredores Viales estará a cargo de Anastasia María de los Ángeles Adem, quien deberá:
- Realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención.
- Evaluar el estado financiero y operativo de la empresa.
- Presentar informes de rendición de cuentas.
- Elaborar un plan de acción para la reestructuración de la compañía, que será revisado y aprobado por el Ministerio de Economía.
Un informe del Gobierno reveló que el 45% de la traza vial gestionada por la empresa presenta deficiencias, además de registrar un déficit financiero millonario. En 2023, Corredores Viales S.A. reportó pérdidas por más de $142.205 millones, acumulando un rojo superior a los $268.676 millones.
El proceso de privatización y las rutas afectadas
El decreto 97, publicado en febrero, autorizó la privatización de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de disolución y liquidación de la empresa tras la adjudicación de las concesiones a operadores privados. El proceso será gestionado por el Ministerio de Economía, en conjunto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Corredores Viales administra más de 6000 kilómetros de rutas, representando un tercio del tráfico de la red vial troncal del país. Entre los tramos que cambiarán de administración se incluyen:
- Rutas en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta.
- El peaje Ricchieri, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el acceso sur a la capital.
Debate por la privatización
El Gobierno sostiene que la privatización mejorará la conectividad y eficiencia del sistema vial. Sin embargo, sectores opositores y sindicatos advierten que podría derivar en mayores costos para los usuarios y una menor supervisión estatal sobre la seguridad y calidad del servicio.
