El gobierno de Nicolás Maduro redujo la jornada laboral en la administración pública a solo tres días a la semana, con turnos de 4 horas y media, en un intento por mitigar la crisis energética que enfrenta Venezuela debido a la fuerte sequía que afecta los embalses hidroeléctricos. La medida, que entró en vigencia este lunes y se extenderá por seis semanas, fue anunciada como respuesta a una “emergencia climática” y dejará la carga horaria estatal en apenas 13,5 horas semanales, un tercio de las 40 horas reglamentarias.
El recorte solo aplicará a empleados públicos y excluye al sector educativo, ya golpeado por el éxodo de docentes. Según sindicatos, el 70% de los maestros ha abandonado las aulas en los últimos años, migrando al sector privado o al extranjero debido a salarios promedio de 40 dólares mensuales. Como resultado, muchas escuelas públicas ya operaban con clases intermitentes tres veces por semana.
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La jornada reducida se aplicará los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 12:30, con posibilidad de extenderse si la crisis hídrica persiste. El sistema eléctrico venezolano, que arrastra años de fallas estructurales, se ha visto aún más afectado por la caída del caudal en los embalses. A pesar de las millonarias inversiones anunciadas por el gobierno, las obras de mantenimiento y modernización nunca se concretaron. Según la ONG Provea, la capacidad de generación eléctrica opera al 80% por debajo de su potencial. Su director, Oscar Murillo, advirtió que el sistema de transmisión también está al límite, obligando a las autoridades a implementar planes de racionamiento para evitar apagones masivos.
El economista José Guerra alertó que esta medida agravará la recesión económica del país. Aunque Venezuela tuvo un repunte el año pasado, prevé una caída severa de la actividad este año, exacerbada por nuevas sanciones internacionales.
A esto se suma la reciente decisión de EE.UU. de aplicar un arancel del 25% a cualquier país que comercie petróleo o derivados con Venezuela, asestando otro golpe a las finanzas de un gobierno que depende en gran medida de los ingresos petroleros.
El economista Carlos Rossi calificó esta medida de la Casa Blanca como el embargo más severo contra Venezuela desde 1902, cuando potencias europeas bloquearon los puertos para forzar el pago de la deuda externa. En esta ocasión, el impacto directo recaerá sobre la principal fuente de divisas del país.
Con una producción energética en crisis y restricciones a las exportaciones petroleras, Venezuela enfrenta un escenario económico cada vez más complejo, marcado por alta inflación, caída del consumo y un éxodo migratorio sin precedentes.
