Desde marzo, los conductores de la Ciudad de Buenos Aires enfrentan un aumento en el costo del acarreo por mal estacionamiento, que ahora asciende a 55.000 pesos argentinos. Esta medida se enmarca dentro de la actualización semestral de las multas de tránsito dispuesta por el Gobierno porteño. Según la resolución de la Secretaría de Tránsito, además del monto por acarreo, se aplicará un recargo diario de $10.000 si el vehículo no es retirado de inmediato, y de $7.000 para las motos.
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El mal estacionamiento es la tercera infracción más común en la Capital Federal, junto con el exceso de velocidad y el cruce en semáforo rojo. En este contexto, la multa por esta conducta sube a 73.162 pesos argentinos. Sin embargo, los montos varían dependiendo de la obstrucción que cause la infracción. Si el vehículo bloquea una rampa para personas con discapacidad o una parada de colectivo, el valor asciende a $219.486. Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus implica una multa de 109.743 pesos.
Este incremento en los costos del acarreo ocurre en un contexto de cambios normativos implementados desde diciembre de 2022, que restringen el accionar del sistema de acarreo. Tras una polémica, la Legislatura porteña aprobó una reforma del Código de Tránsito que limita la remoción de vehículos a aquellos que obstruyan el tránsito, como los que bloquean rampas para discapacitados, paradas de colectivo o zonas de carga y descarga.
La normativa actual prohíbe el acarreo de vehículos estacionados en doble fila de forma transitoria, así como de vehículos pesados y aquellos detenidos por más de 48 horas en el mismo lugar, considerándolos abandonados, pero sin ser removidos.
El sistema de acarreo ha cambiado: desde la estatización del servicio y su traspaso al Gobierno porteño en 2022, el promedio de remociones bajó a 6.000 vehículos por mes. Además, los vecinos ahora pueden denunciar irregularidades, como la obstrucción de rampas de acceso, y solicitar el acarreo en cualquier zona de la Ciudad.
El sistema de grúas también ha estado envuelto en controversias, como el caso de las empresas concesionarias Dakota y BDR, que operaron durante más de 30 años con una concesión vencida. Tras una investigación periodística, el servicio fue estatizado, y el nuevo sistema busca mejorar la eficiencia y transparencia del proceso.
