Tras los incidentes ocurridos la semana pasada en el Congreso durante la marcha de jubilados, Patricia Bullrich presentó el proyecto de “Ley Antibarras”, con el que busca definir a los barrabravas como una organización delictiva dedicada a la asociación ilícita. El documento fue ingresado este miércoles a la Cámara de Diputados.
La ministra explicó que la iniciativa apunta a la prohibición total y absoluta de las barras bravas, con el objetivo de erradicar delitos como la extorsión a hinchas, la venta ilegal de entradas y camisetas, y el uso de estos grupos como fuerzas de choque. Además, contempla un agravante para los dirigentes de los clubes que faciliten o colaboren con estas asociaciones.
El proyecto, redactado por el equipo legal del Ministerio de Seguridad, establece penas de entre dos y cuatro años de cárcel para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo.
El documento cuenta con la firma y el respaldo del presidente Javier Milei, quien en las últimas horas expresó su apoyo a Bullrich tras el operativo antipiquete desplegado el miércoles pasado en el Congreso, que dejó un saldo de 124 detenidos y más de 20 heridos.
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«Queremos terminar con los negociados»
“Hace mucho tiempo que Argentina necesita una solución definitiva a la violencia estructural generada por las barrabravas. Desde que asumimos el gobierno, trabajamos en este proyecto, que hoy ha llegado a la Cámara de Diputados con la firma del presidente Javier Milei”, expresó Bullrich en conferencia de prensa.
La ministra explicó que la ley tipifica a las barras bravas como una forma especial de asociación ilícita, es decir, una organización criminal.
“Tenemos un registro de 15.000 personas con antecedentes de violencia a quienes se les ha prohibido el ingreso a estadios en Argentina y en otros países con los que tenemos convenios”, señaló.
Bullrich también apuntó contra los dirigentes que financian a estos grupos: “Queremos terminar con los negociados y, por eso, castigamos todos los mecanismos de financiamiento avalados por las conducciones de los clubes, que facilitan entradas a los barras, les alquilan micros y permiten el ingreso de elementos contundentes y armas”.
El disparo al fotógrafo y la respuesta oficial
Consultada sobre el disparo que recibió el fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha en el Congreso, Bullrich expresó su solidaridad con la familia del reportero, aunque aclaró:
“El disparo no fue directo a la cabeza. Según el protocolo de Gendarmería, el efectivo debe disparar en forma oblicua hacia el suelo, y eso es lo que hizo el oficial de seguridad”.
Luego, detalló: “Tuvimos dificultades para encontrar imágenes por el humo, pero en la reconstrucción observamos que el disparo rebotó una o dos veces, atravesó un cartel en llamas y, lamentablemente, impactó en la cabeza del fotógrafo”.
En defensa del accionar de las fuerzas de seguridad, Bullrich agregó: “Los efectivos no dispararon hasta que fue necesario. Esperaron mientras los pseudo-manifestantes, patoteros y barrabravas generaban violencia en la plaza”.
«Quieren destruir la democracia»
“La llamada marcha no fue para defender derechos, sino para intentar destruir el orden público logrado en 2024. Ahora intentan culpar a un gendarme por los destrozos que estos grupos causaron. Lamentablemente, hay una persona herida, pero el efectivo actuó bajo reglamento”, enfatizó.
Y concluyó con dureza: “Buscan destruir la democracia y desestabilizar al gobierno. Vamos a seguir defendiendo a la ciudadanía y las instituciones. Tiraron piedras al Congreso y a la Casa Rosada. A esos violentos hay que combatirlos, y con esta ley lo vamos a hacer”.
LEY ANTIBARRAS: FIN PARA LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS DEL FÚTBOL
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025
Con esta ley, a las barras bravas las declaramos “organizaciones criminales” y van a tener que responder como tales. Se les acaba la impunidad y los negociados alrededor del fútbol y el deporte.
El verdadero folklore… pic.twitter.com/tVF5HG4ssn
Denuncia contra la jueza Karina Andrade
Bullrich también se refirió a la denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos tras la marcha en un plazo de dos horas.
“Sin analizar los antecedentes, los dejó en libertad y argumentó que no había lugar en las cárceles. Mintió. Hoy, el Ministerio de Seguridad presentó una queja ante el Consejo de la Magistratura porque queremos jueces que defiendan a los ciudadanos”, sostuvo la ministra.
