La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela, aprobada en noviembre de 2024 por la Asamblea Nacional, incluye medidas para procesar a personas en ausencia, y la confiscación de todas las propiedades de aquellos que hayan propiciado, invocado o respaldado la aplicación de estas sanciones.
En enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020, exigió al Consejo Nacional Electoral aplicar la Ley Simón Bolívar para las elecciones legislativas, regionales y municipales fijadas para el 27 de abril. Argumentó que un sector de la oposición utiliza los procesos comiciales para supuestamente conspirar.
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«Quien llama a matar y al atentado no puede venir ahora a ser candidato. Algunos alcaldes y alcaldesas fronterizos han traído mercenarios y paramilitares desde Colombia. Quien quemó y llamó a matar no puede venir ahora con la cara lavada a decir que es candidato. No les vamos a perdonar nada», amenazó.
«Estoy seguro de que la aplicación estricta de las leyes para ser candidato puede conducir a una elección en paz y a que esta vez el que pierda ya deje de cantar fraude, con su disco rayado. Solo reconocen las que ganan», opinó.
Pero esta ley fue mencionada nuevamente por Diosdado Cabello, ministro de interior, justicia y paz, y afirmó que se le aplicará a todo aquel que haya pedido sanciones de Estados Unidos para Venezuela.
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“En Estados Unidos si hicieran eso le aplican la ley marcial, aquí tenemos la Ley Bolívar y claro que sí se va aplicar con toda la rigurosidad y el que ha caído en excesos que asuma su responsabilidad porque nosotros asumimos la nuestra”, dijo Cabello el lunes en rueda de prensa.
El funcionario chavista agregó que la gestión de Nicolás Maduro no buscó a la petrolera Chevron para que regresara al país, así como tampoco promovió la visita del enviado especial Richard Grenell para el asunto de las deportaciones.
Por el contrario, las iniciativas, dijo, salieron de Estados Unidos y fueron atendidas.
Con información de EN.-
