Tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para eliminar el programa de parole humanitario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció detalles sobre las implicaciones de esta medida y su impacto en los migrantes afectados, especialmente venezolanos.
Eliminación gradual del programa
El DHS informó este martes, a través de un comunicado, que el programa será desmantelado de manera gradual, evaluando los casos individuales de los beneficiarios actuales.
«La Administración Biden-Harris abusó del programa de parole humanitario para permitir indiscriminadamente que 1,5 millones de migrantes ingresaran a nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la Administración Trump. Esta acción devolverá al programa de parole humanitario su propósito original: analizar a los migrantes caso por caso», señaló el comunicado.
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Impacto en los beneficiarios actuales
Elizabeth Jacobs, especialista en inmigración del Centro de Estudios de Inmigración en Washington, explicó a la Voz de América que quienes ya fueron beneficiados por el programa podrán permanecer en Estados Unidos bajo libertad condicional hasta que expire su periodo. Sin embargo, advirtió que esto implicará volver al estatus previo al parole, dejando a muchos sin un estatus legal definido.
Suspensión de recursos y transparencia
Thomas Rachko, del Instituto de Liderazgo Hispano de la Universidad George Washington, destacó que parte de esta medida incluye la eliminación de la página web del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración durante el mandato de Biden.
Rachko señaló que la falta de transparencia genera incertidumbre en las comunidades migrantes, especialmente para aquellos sin un estatus legal permanente o ciudadanía.
Un programa controvertido desde su implementación
El programa de parole humanitario fue implementado durante la administración Biden para ofrecer a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por dos años. Para acceder, los solicitantes debían contar con un patrocinador financiero en el país.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hasta diciembre de 2024, alrededor de 531,690 personas habían ingresado bajo este programa.
Con la orden ejecutiva de Trump, las esperanzas de miles de migrantes quedan en el limbo, enfrentándose a un futuro incierto y sin opciones claras de regularización en territorio estadounidense.
