Siete presos se fugaron en las últimas horas por los techos de una comisaría en la Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en las inmediaciones del establecimiento 21-24, más conocido como Villa Zabaleta.
Según fuentes policiales, las personas fugadas son todas del barrio 21-24 y fueron identificadas como Jairo Gamarra, Brian Placencia, Nicolás Pucheco, Enry Quiroz, Agüero Sánchez, Nicolás Vera y Josefaz Arce.
En agosto, cuatro detenidos se fugaron también durante la madrugada del anexo de la Alcaidía 4, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cerca del establecimiento de donde este lunes se conoció un nuevo escape de delincuentes.
La nueva fuga de detenidos, además, se produce apenas unos días después de que el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron el traspaso de las dependencias del Servicio Penitenciario Federal a la gestión porteña encabezada por Jorge Macri.
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El traspaso era un reclamo que la Ciudad había explicitado a viva voz, ante la dramática situación de la sobrepoblación de presos en comisarías porteñas.
Esta medida implica que en las cárceles y dependencias del Servicio Penitenciario Federal en el que se alojen presos por delitos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño «se haga responsable del cuidado de los detenidos», según puntualizaron en un comunicado que consensuaron entre el Ministerio de Seguridad y la administración de Macri.
Actualmente se calcula que la población carcelaria porteña es aproximadamente de unos 7.000 presos, entre los que se encuentran 2.000 en las comisarías, 1.500 de la cárcel de Devoto y otros entre 3.500 y 4.000 que ya están en prisiones federales y cuya custodia pasaría también a la Ciudad.
En los primeros cuatro meses del año hubo doce escapes de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, generando una situación de fuerte preocupación en la incipiente gestión porteña, en paralelo a un constante reclamo de parte de las autoridades para que el Servicio Penitenciario se hiciera cargo de los reclusos y los sacara de las comisarías.
Según el último informe del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, al 1° de abril de 2024 había 1.980 detenidos en comisarías y alcaidías, casi el doble que un año atrás y también el doble de las plazas «ideales» de esos lugares.
El informe indica que el 95,2% de esos presos corresponden a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales, dato que le sirvió a la administración porteña para seguir sosteniendo su reclamo a Nación.
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