Desde que el fiscal Tarek William Saab anunció la revisión de 225 causas el pasado viernes 15 de noviembre, el silencio oficial ha incrementado la incertidumbre y angustia entre las madres y familiares de los detenidos que aún permanecen tras las rejas.
«Nosotros no sabemos si van a liberar a nuestros hijos o si los dejarán ahí. Salieron otros muchachos de la misma causa, pero no entiendo por qué no le dan la libertad a mi hijo«, expresó la madre de un adolescente detenido arbitrariamente en el contexto de las protestas poselectorales en Carabobo.
En el Internado Judicial de Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, un grupo de madres duerme sobre cobijas gruesas en las afueras de una licorería cercana al penal. «Esto es horrible, no se lo deseo a nadie. A las 4:00 a. m. nos levantamos y nos vamos a una plaza cercana porque no nos dejan esperar frente al penal«, relató una de ellas.
Los familiares enfrentan serias dificultades económicas. Los hoteles cercanos cuestan entre 20 y 25 dólares por noche, mientras que habitaciones más económicas en viviendas aledañas oscilan entre 3 y 5 dólares. Además, deben pagar 2 dólares cada vez que necesitan utilizar un baño público. «Mi familia me envía 5 o 10 dólares para ayudarme, pero tengo que elegir entre dormir en la calle o comer«, explicó otra madre al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
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La misma situación se replica en otros centros penitenciarios. Aunque no han recibido comunicación de los defensores públicos asignados, muchos familiares esperan ansiosamente con ropa lista para sus seres queridos, en caso de que lleguen las boletas de excarcelación.
En Yare III, estado Miranda, una madre declaró: «Estoy aquí desde el sábado y no quiero moverme por si liberan a mi hijo«. En Tocorón, Aragua, otros familiares duermen en el suelo a las afueras del penal. «Desde el sábado no tenemos noticias. El director no ha salido, y la incertidumbre es insoportable«, afirmó un pariente.
En Caracas, la situación también es crítica. Algunos familiares fueron llamados al Palacio de Justicia el sábado 16 de noviembre, pero posteriormente les notificaron la suspensión del proceso. «Nos dijeron que nuestros hijos quedarán para el próximo lote, pero no nos dieron fechas«, indicó una madre.
Problemas de salud y criterios opacos
Las condiciones de reclusión han provocado serios problemas de salud entre los detenidos, incluso en quienes ingresaron sanos. Los ataques de pánico y ansiedad son frecuentes, y algunos familiares temen que estas crisis puedan derivar en intentos de autolesión.
Por otro lado, los familiares cuestionan la falta de transparencia en los criterios para decidir quiénes son excarcelados. «No entendemos cómo seleccionan a los liberados, y la falta de abogados confiables agrava nuestra desinformación«, expresaron.
Exigencia de acción por parte de la Defensoría del Pueblo
Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos, como el OVP, demandan una respuesta contundente de la Defensoría del Pueblo. Humberto Prado, director del OVP, enfatizó: «La libertad de los presos políticos es un acto de justicia y reparación mínima. Miles de personas fueron encarceladas por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación«.
Prado también pidió la publicación de un listado oficial de los excarcelados y recordó que el defensor del pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, tiene el deber constitucional de garantizar los derechos humanos.
«Es nuestro deseo que estos presos políticos puedan reunirse con sus familias en Navidad. Pedimos que prevalezcan la justicia y la libertad en Venezuela«, concluyó.
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Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.-
