Aunque la Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy la condena a Cristina Kirchner, la expresidenta no será detenida ya que la sentencia aún no está firme.
Según lo establece el nuevo Código Procesal Penal, las penas no se ejecutan hasta que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión, lo que sucede cuando la Corte Suprema rechaza el último recurso de la defensa. Este proceso puede llevar años. La defensa de Cristina Kirchner ya anunció su intención de apelar.
No hay plazos establecidos para que la Corte se expida. De hecho, el expresidente Carlos Menem murió con una condena confirmada por la Casación, pero sin que la Corte resolviera su caso, lo que impidió que la pena comenzara a ejecutarse. En contraste, la Corte sí ratificó condenas de figuras como Amado Boudou, los responsables de la tragedia de Once (incluidos empresarios y funcionarios), Ricardo Jaime y José López, quien fue detenido con bolsos que contenían nueve millones de dólares. Todos estos casos resultaron en penas de prisión.
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El artículo 375 del Código Procesal Penal Federal establece que “solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes”, razón por la cual la expresidenta no irá a prisión hasta que la sentencia sea definitiva. Además, el fiscal Mario Villar, quien había solicitado un aumento de la condena de Cristina Kirchner, presentó un recurso ante la Corte Suprema, argumentando que la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal no tiene facultades para aplicar ese artículo. Sostuvo que se opone a una norma del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que las sentencias pueden ejecutarse una vez que la Casación deniegue un recurso extraordinario. La Corte aún no se ha pronunciado al respecto, pero todo indica que no habrá cambios en la jurisprudencia actual y Cristina Kirchner deberá cumplir su condena solo cuando esta sea firme.
Aunque Cristina Kirchner no cuenta con fueros que impidan su arresto, tiene más de 70 años de edad, por lo que, en caso de que la condena se confirme y quede firme, podría solicitar cumplir la pena en su domicilio.

¿Prohibición de candidatura?
La pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en el juicio y ratificada por la Casación no será aplicable hasta que la sentencia quede firme. No obstante, si se aprueba la ley de ficha limpia que el PRO y otros sectores impulsan en el Congreso, Cristina Kirchner quedaría excluida de cualquier postulación electoral.
Desde su decisión de competir por la presidencia del Partido Justicialista, han surgido especulaciones sobre su intención de postularse como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2025. Este proyecto dependerá tanto del tiempo que tome la Corte para decidir sobre su caso como del avance del proyecto de ficha limpia en el Congreso, que busca prohibir la postulación de cualquier persona condenada en dos instancias, aunque no necesariamente de manera firme.
Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 en la causa Vialidad por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes la sentenciaron a seis años de prisión. En ese entonces, ocupaba la vicepresidencia de la Nación. Gorini y Giménez Uriburu votaron a favor de la condena por fraude contra la administración pública, mientras que Basso, en disidencia, pidió añadir el delito de asociación ilícita, tal como lo había solicitado el fiscal Diego Luciani.
Otras causas pendientes
Esta es la única condena hasta la fecha contra Cristina Kirchner. Sin embargo, existen otras tres causas en su contra que ya concluyeron su fase de investigación y esperan ser elevadas a juicio oral en tribunales federales.
Entre ellas se encuentran los casos de los cuadernos de las coimas, Hotesur-Los Sauces y la firma del memorándum con Irán.
El caso de los cuadernos de las coimas está en el Tribunal Oral Federal N° 7, donde se agrupan varias causas. Actualmente, se está presentando la prueba correspondiente y los jueces han ordenado medidas de instrucción adicionales, como un peritaje de los cuadernos. En este expediente, Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación Federal, documentó sus recorridos con funcionarios que recaudaban coimas de empresarios vinculados a la obra pública. Algunos de esos viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner.
En cuanto al caso Hotesur-Los Sauces, que involucra el dinero recibido por Lázaro Báez a través de licitaciones en Santa Cruz, la hipótesis es que ese dinero regresó al patrimonio de la familia Kirchner mediante alquileres de sus hoteles o departamentos. Este caso fue cerrado sin juicio por un tribunal oral, pero la Casación revocó ese fallo y ordenó el inicio del juicio oral, aunque este proceso está suspendido por una apelación ante la Corte.
El tercer caso es el de la firma del memorándum con Irán, que también fue cerrado sin juicio por un tribunal oral, pero la Casación resolvió abrir el juicio. Al igual que en el caso anterior, este proceso también está suspendido por una apelación ante la Corte.
La denuncia en este último caso fue presentada por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, quien acusó que el acuerdo buscaba eliminar las alertas rojas de Interpol sobre los iraníes acusados. Cristina Kirchner, el entonces canciller Héctor Timerman, y otros funcionarios, como Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Carlos Zannini, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil y Fernando Esteche, fueron denunciados. La base de la acusación fueron escuchas telefónicas entre D’Elía y Khalil. El excanciller Timerman falleció, pero los demás permanecen entre los acusados a la espera del juicio.




