La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad. La pena, de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incluye una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. El daño ocasionado por los beneficios otorgados a Lázaro Báez a través de la obra pública vial asciende a 85.000 millones de pesos. La decisión será apelada ante la Corte Suprema, que emitirá su fallo en última instancia.
Durante una breve audiencia, transmitida en vivo por YouTube, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia, ratificando el criterio adoptado el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Por unanimidad, los magistrados confirmaron las condenas de Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, todos culpables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sin embargo, la ex presidenta y actual vicepresidenta no será encarcelada hasta que la Corte Suprema se expida sobre el caso. Las defensas y el Ministerio Público Fiscal disponen de diez días para solicitar la intervención del máximo tribunal. La sentencia será revisada a partir de marzo.
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La maniobra fraudulenta, que implicó la desviación de fondos públicos, resultó en un perjuicio de 84.835.227.378,04 pesos, cantidad que los camaristas ordenaron decomisar a los condenados.
Además, la Casación convalidó, también por unanimidad, las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento por prescripción de la acción penal de Carlos Santiago Kirchner, quien había sido acusado únicamente de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La cuestión de la asociación ilícita
El juez Gustavo Hornos fue el único en sostener que también se había configurado el delito de asociación ilícita, por lo que propuso que Cristina Kirchner, López, Báez y Periotti fueran condenados por este cargo. Sin embargo, sus pares Borinsky y Barroetaveña no compartieron este criterio.
El fallo, que se extiende a más de 1.700 fojas, ratificó la hipótesis planteada desde la instrucción del caso: que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Báez fueron irregulares, con procesos direccionados, concursos simulados y sobrecostos. El grupo de Báez se quedó con el 86% de las obras viales licitadas en Santa Cruz, muchas de las cuales quedaron inconclusas, pero igualmente cobradas.
Los camaristas concluyeron que las acciones atribuidas a Cristina Kirchner tenían base jurídica, y validaron los argumentos del TOF 2. Según la sentencia, entre 2003 y 2015, los contratos viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz fueron el escenario de una «maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses de la administración pública nacional». Se explicó cómo se favoreció al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, debido a los estrechos vínculos comerciales de Báez con la entonces presidenta.
Los responsables de distintas áreas gubernamentales no supervisaron adecuadamente el trabajo de las contratistas ni la ejecución de las obras. Además, se favoreció al grupo empresarial con adelantos financieros y pagos anticipados, lo que facilitó su crecimiento económico, ligado directamente con la asignación de obra pública.
Los procesos licitatorios en cuestión fueron mayormente gestionados por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), con facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y en algunos casos directamente por esta última.
Por ello, se responsabilizó a los ex funcionarios Periotti, Daruich, Collareda, Villafañe, Pavesi y Santibáñez por convalidar irregularidades durante las licitaciones y ejecución de las obras. También se implicó a José López, secretario de Obras Públicas en ese entonces.
Responsabilidades institucionales
Al analizar las responsabilidades institucionales, los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña subrayaron que, durante las gestiones kirchneristas, existió una serie de actos gubernamentales destinados a ejecutar esta maniobra fraudulenta, consolidando el circuito de irregularidades. En este contexto, se destacó la firma del Decreto 54/09 por parte de Cristina Kirchner, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad financiar directamente las obras adjudicadas de manera irregular a Lázaro Báez. Este circuito contó con la intervención de José López, quien promovió la creación de dicho mecanismo.
