El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, según reveló la abogada Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, quien fue destituida tras este caso. El miércoles por la noche se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión contra Morales, la cual fue anulada después de que se le concediera una acción de libertad.
Gutiérrez explicó que la investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada la semana pasada, sobre la cual no brindó detalles. La orden de captura mencionaba un presunto vínculo del expresidente con una menor de edad en 2018.
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Tras la denuncia, se formó una comisión de fiscales que decidió abrir una investigación por trata y tráfico y emitió una orden de aprehensión contra Morales y otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas mientras continúan las pesquisas.
La abogada Cecilia Urquieta, parte del equipo legal del Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó el proceso como una «persecución judicial» contra Morales. Afirmó que, tras la marcha de protesta que el expresidente realizó contra el Gobierno en septiembre, se han abierto cinco procesos en su contra.
Sobre la denuncia específica de trata y tráfico, Urquieta afirmó que se basa en «un rumor de años atrás que nunca se ha comprobado«, y señaló que la supuesta víctima no forma parte de la denuncia. También destacó que el caso se originó en la Fiscalía de Tarija y que presenta «muchos vicios e irregularidades«, por lo que el equipo de abogados de Morales considera nulas todas las actuaciones judiciales. Urquieta agregó que Morales se enteró del caso «por casualidad» y no ha recibido ninguna notificación formal.
El caso ha causado preocupación entre los seguidores de Morales, quienes en el trópico de Cochabamba se han organizado para protegerlo. Urquieta aseguró que este apoyo popular es una de las razones que preocupan al Gobierno, dada la fuerza social y política que Morales aún posee.
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Esta situación surge en medio de la disputa interna en el MAS entre las facciones leales a Morales y al actual presidente de Bolivia por el control del partido y la candidatura presidencial de cara a las elecciones generales de 2025.
La semana pasada, el exministro de Justicia, Iván Lima, anunció que en los próximos días se iniciarían juicios contra personas que «le han hecho daño al pueblo boliviano», insinuando que estos procesos podrían estar relacionados con el caso de Morales.
Destitución de la fiscal que llevó el caso
Sandra Gutiérrez denunció que, tras emitir la orden de aprehensión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le exigió su renuncia e impidió su entrada al despacho. «Esto es una persecución, y lo denuncio públicamente. También presentaré una denuncia ante la comunidad internacional», afirmó Gutiérrez. Aunque no renunció voluntariamente, recibió un memorando que agradecía sus servicios y confirmaba su destitución.
La noticia sobre la orden de captura de Morales ha generado una fuerte reacción en Bolivia. Políticos de la oposición insisten en que la investigación debe continuar, a pesar de la destitución de Gutiérrez. «No se puede menospreciar lo avanzado, y el fiscal general debe dar continuidad al caso«, declaró la diputada Luciana Campero.
