El Gobierno evalúa un proyecto de ley con el propósito de arancelar el servicio de salud a los extranjeros, que va en línea con las iniciativas que ya se implementan en Salta, Jujuy y Mendoza.
La propuesta, que se trabaja en el Ministerio de Salud de la Nación, sería presentada en el corto plazo al presidente Javier Milei. Así, el oficialismo se pondría al frente de una discusión antes de que sea impulsada por otros sectores políticos, según trascendió.
El gobierno nacional evalúa impulsar un proyecto de ley para autorizar el cobro a nivel nacional de la atención de salud de ciudadanos extranjeros. La iniciativa del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, podría ser presentada en el corto plazo al presidente Javier Milei, y va en línea con las experiencias que ya funcionan en provincias como Salta, Jujuy y Mendoza, que limitan con otros países.
La propuesta, con la que el oficialismo se pondría al frente de una discusión antes de que la impulsen otros sectores políticos, es una de las que trabaja la cartera de Russo, que apunta a un “reordenamiento del sistema” nacional y en la redefinición de competencias con las provincias.
El diagnóstico sobre el área de salud, aunque con matices, es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. En línea con su posicionamiento general, el Gobierno plantea la necesidad de contar con mayor gestión privada y desarrollar más desregulaciones.
Según pudo saber la nacion, en el plan de reordenamiento del sistema de salud nacional, Russo apunta a que el ministerio a su cargo sea algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde funciona el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), con el objetivo de regular guías específicas de los procedimientos de atención médica y cobertura.
La intermediación judicial que, por medio de amparos, obtiene la aprobación de medicamentos de determinadas marcas y gastos vinculados con servicios como transporte, educación o discapacidad, que terminan deduciéndose de las arcas públicas de salud, son algunos de los aspectos que buscan ordenar y derivar a otras áreas.
En el Ministerio de Salud también resaltan que esperan tener “información” sobre consumo de medicamentos, perfiles de quienes lo reciben y patologías de quienes reciben asistencia, entre otros puntos.
En ese sentido, desde el Gobierno defienden el programa Remediar, que entrega medicamentos, pero afirman que se desconoce por completo quién termina consumiendo esas fórmulas. Para eso, la Dirección de Tecnología trabaja para sistematizar la información.
Mientras desde la cartera sanitaria avanzan en la propuesta que, para lograr que se convierta en ley nacional, deberá pasar por el Congreso, se analizan con interés los resultados que ha obtenido Salta con la imposición de un decreto provincial de necesidad y urgencia luego refrendado por ley local, de marzo pasado, por el cual se dispuso cobrar los gastos médicos de los hospitales y reducir los “tours de cirugía”, que se daban sobre todo desde localidades extranjeras limítrofes.
Dos experiencias
Los pacientes locales señalan, entre otras ventajas, la mejora en la atención y los turnos disponibles con poco tiempo de antelación, cosa que no sucedía hasta el cambio dispuesto por el gobierno salteño.
Desde que Salta impuso el nomenclador de la obra social local, el Instituto Provincial de Salud (IPS), que tiene valores de atención desde $5000 una consulta a $250.000 por un día en cama de terapia intensiva, la cantidad de pacientes extranjeros cayó drásticamente a la mitad. Sí, se mantiene de forma gratuita la atención de emergencias.
Para justificar la drástica decisión tomada, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, había informado a que solo durante el verano pasado, en los hospitales de las zonas limítrofes habían atendido a 3800 extranjeros.
“A $5000 la consulta por la obra social provincial, implican $18 millones. A eso hay que agregar partos, cesáreas, cirugías de alta complejidad, odontología, atención oftalmológica”, ejemplificó el funcionario salteño al defender el esquema de arancelamiento para los eventuales pacientes extranjeros.
Se estima que en Salta se produjo una reducción del 90% en la atención de extranjeros en los centros de salud pública, lo que implicó en pocos meses un ahorro superior a los $20 millones.
En tanto, Mendoza puso en marcha durante el mes pasado una reforma de su plan sanitario público para poder cobrar la atención a los ciudadanos extranjeros. La medida cuenta con el apoyo legislativo provincial. Aunque también es una provincia fronteriza, a diferencia de Salta, la cantidad de extranjeros que se atienden anualmente en Mendoza no supera las 3000 personas.
Y, también a diferencia de Salta, en Mendoza reconocen que aumentó el consumo de servicios médicos en el ámbito privado, principalmente de “tours sanitarios”, entre los que se destacan la realización de cirugías estéticas.
La Nación.-
