Ocurrió en España. La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Spycam’, investiga a un hombre de 50 años, I.F.L, como presunto autor de los delitos de tenencia de pornografía infantil y contra la intimidad, tras intervenirle un teléfono móvil y encontrar el material y varias cámaras ocultas en su domicilio con las que había grabado a su mujer e hijos en el baño y el dormitorio principal, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
El estudio de su terminal móvil ha destapado la existencia de 230 vídeos y 949 fotogramas donde se observan imágenes de cuatro personas en situaciones íntimas, que habían sido grabadas con cámaras ocultas en su domicilio.
El estudio bajo un programa forense del terminal móvil intervenido a uno de ellos, I.F.L, autorizado judicialmente para localizar posibles vinculaciones con el tráfico de estupefacientes, destapó la existencia de varios vídeos y fotogramas extraídos de éstos, imágenes aparentemente ‘robadas’ en las que aparecía una mujer y tres menores en situaciones íntimas.
La gravedad de las grabaciones llevó a los investigadores a solicitar una nueva autorización judicial para iniciar un pormenorizado análisis de ellas, al tratarse de un nuevo ilícito penal que nada tenía que ver con el inicial sobre drogas.
Se ha visionado a una única mujer y a tres menores, esposa e hijos de I.F.L, respectivamente.
Los escenarios corresponden al dormitorio principal y al baño de una misma vivienda. Los ángulos de grabación demostraban una ubicación estratégica de las cámaras, que ponía y quitaba a discreción él mismo; la presencia de éstas era desconocida para las víctimas.
En total, se han obtenido y recuperado 230 vídeos, 158 del baño y 72 del dormitorio principal, así como 949 fotogramas resultantes de capturas de estas filmaciones.
J.F.L, fue recluido en el Centro Penitenciario de Burgos por el referido delito de tráfico de drogas. Está siendo ahora también investigado como presunto autor de un delito de tenencia de pornografía infantil y de un delito contra la intimidad, después de que, bajo mandamiento judicial, se practicara una entrada y registro a su domicilio, ubicado en una localidad de la Comunidad de Madrid, y allí se comprobó que las grabaciones procedían de sus pertenencias.
Con información de El Mundo
