El escándalo de la corrupción chavista salta las fronteras. Autoridades de Italia requisaron la mansión que el juez Maykel Moreno, presidente durante cuatro años del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y actual magistrado de la Sala de Casación Penal, tenía en las colinas de Lucca, en la Toscana.
La villa, valorada en seis millones de euros, pasó a manos de la Agencia Estatal de Bienes Raíces, al determinarse el presunto blanqueo de capitales realizado para su compra. La mansión estaba a nombre de su esposa, la modelo y estrella televisiva Deborah Menicucci, a la que conoció durante el concurso de Miss Venezuela, al que acudía como patrocinador de las concursantes.
Moreno se convirtió desde su acceso en 2014 como magistrado al TSJ en el principal martillo contra la oposición y contra el Parlamento democrático. Sin duda, el juez fetiche para el presidente Nicolás Maduro. Un nombramiento polémico desde el primer día, ya que antes de ser juez pertenecía a la policía política. Estuvo encarcelado y se lo acusaba de homicidio.
No se trata ni mucho menos de la primera investigación en el exterior contra Moreno, por quien la Justicia de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares. Las autoridades lo consideran sospechoso de lavado de dinero en otras compras de inmuebles.
La noticia no provocó, de momento, ni la destitución del juez ni su detención, pese a que ocurre en medio de la purga anticorrupción en el seno del chavismo, que realmente oculta una lucha de poder entre sus líderes. Hasta ahora son más de medio centenar los detenidos, que incluyen altos cargos del entorno del exvicepresidente Tareck El Aissami, militares, jueces y empresarios boliburgueses.
La última captura terminó con la estelar vida política de Hugo Cabezas, también del entorno de El Aissami, que llegó a ejercer de ministro de la Secretaría de la Presidencia para Hugo Chávez y para Maduro. Quien fuera también gobernador y principal responsable de la asfixia contra los diarios por falta de papel durante su ejercicio al frente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro compareció ante el juez al estilo que ha puesto de moda el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: con trajes naranjas, maniatados y en grupos grandes.
A Cabezas se lo incluye en la investigación por el desfalco en la segunda gran empresa del país, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), conformada por 14 empresas que administran recursos naturales, oro, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales. Su hasta ahora presidente, Pedro Maldonado –otra pieza clave para la censura de medios independientes durante su etapa en Conatel, ente estatal de las telecomunicaciones–, también figura entre los detenidos más destacados.
La misma suerte corrió Néstor Astudillo, presidente de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), así como gerentes y vicepresidentes de estas “industrias estratégicas”, incluidos los militares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), detenidos previamente. Chávez expropió Sidor en 2008, perteneciente hasta entonces a la ítalo-argentina Techint.
Reclamos
“Buscaron desfalcar, en su inmoralidad delictiva, a la economía nacional dañando a la comunidad en general”, arengó el fiscal Tarek William Saab, que además reclamó la “máxima pena” para los ahora encarcelados, compañeros de revolución hasta hace muy poco.
En la lista destacan dos altos dirigentes, el exministro Hugbel Roa y el superintendente de las criptomonedas, Joselit Ramírez, principales colaboradores del caído zar del petróleo. En los últimos días se conocieron distintas versiones, sin confirmar oficialmente, que sitúan a quien fuera todopoderoso aliado de Maduro en Fuerte Tiuna, el cuartel militar más grande del país, en una especie de arresto domiciliario.
La caída de El Aissami, principal nexo con Irán, ha supuesto una victoria política para la vicepresidente Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, jefe del órgano legislativo chavista.
La pulseada entre los dos grupos más poderosos en el seno del chavismo, junto al que lidera el radical Diosdado Cabello, número dos de la revolución, y el de los militares, se mantenía desde hace varios años.
Según las estimaciones de medios revolucionarios, por lo menos 3000 millones de dólares, obtenidos de la venta del petróleo a través de intermediarios, habría caído en manos de esta red de corrupción. Cálculos independientes elevan por encima de 20.000 millones de dólares la cantidad que todavía está por cobrar para las arcas del Estado.
“Se logró capturar una parte de estas riquezas, mansiones donde hacían orgías terribles. Habrá que contar todo esto y cuando ya superemos esta primera fase mostraremos los bienes”, señaló Maduro en una transmisión televisiva.
