La Corte Constitucional de Ecuador allanó ayer el camino para que el Congreso inicie un juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, planteado por una mayoría de oposición de la Asamblea, alegando presuntos delitos contra la seguridad del Estado y de supuesta corrupción, en un caso que salpica a su cuñado y también a un exfuncionario del gobierno.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal resolvió “admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado” contra el mandatario, señaló la Corte en un comunicado.
El aval constitucional no implica todavía la destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación.
Tras evaluar el pedido de juicio, la Corte Constitucional consideró que en la solicitud “se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”, por lo que decidió dar luz verde al Legislativo.
El tribunal, intérprete y garante de la Constitución del país, adoptó la decisión con el voto de seis de los nueve magistrados integrantes. Recibió el pedido de enjuiciamiento por parte de bancadas legislativas presididas por el partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).
El presidente deberá presentar pruebas en su defensa durante el juicio que le sigue.
El Congreso, en el que la mayoría es de oposición, aunque está dispersa, volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales montada por Danilo Carrera, un cuñado de Lasso, quien no ha ocupado cargos en el gobierno.
En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico.
Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y afirma que el Congreso está intentando “desestabilizar” su impopular gobierno.
Aunque rechazó el fallo de la Corte, el gobierno dijo que lo respeta.
“Esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la Legislatura en contra del presidente”, apuntó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno en un comunicado.
La ingobernabilidad
Acosados por un poderoso movimiento indígena y masivas protestas, tres presidentes fueron derrocados en Ecuador entre 1997 y 2005.
El fantasma de la ingobernabilidad ronda entonces de nuevo al país, donde el presidente ha enfrentado ya violentas manifestaciones en rechazo por el alto costo de vida que dejaron ya un total de seis muertos.
Lasso ya sobrevivió en junio pasado un intento del Legislativo para cesarlo en medio de las movilizaciones.
En esa ocasión los diputados no reunieron los votos necesarios. Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes).
Ahora, en un plazo máximo de hasta 45 días, deberán someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento, que conlleva varios pasos previos.
”Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea”, dijo en Twitter la asambleísta Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio junto a otros 58 legisladores.
“El presidente siempre tuvo conocimiento, pero nunca quiso hacer nada para detener la corrupción y por lo tanto es responsable político”, agregó Veloz, parte del partido político del expresidente Correa.
Empresas públicas
Los asambleístas sostienen que el presidente, de 67 años, se encargó de “proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas”.
El Ejecutivo sostuvo que el pedido de los asambleístas tiene “innumerables errores” y que “nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno”.
Entre las pruebas citadas por la oposición está que Lasso habría sido advertido por el exgerente de la flota petrolera Flopec, Johnny Estupiñán, sobre irregularidades en un proceso de contratación de transporte de petróleo realizado por Amazonas Tanker Pool Company LLC.
Estupiñán fue removido del cargo en marzo de 2022 por intentar rescindir unilateralmente el contrato, y en julio se firmó un nuevo contrato con la misma empresa, en contra de las advertencias de la Contraloría del país, agregó el expediente enviado a la Corte Constitucional.
El presidente Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones.
En caso de que Lasso llegara a ser destituido, le sucederá el vicepresidente Alfredo Borrero.
LN.-
