El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzó a juzgar a un prefecto que está acusado de organizar el ingreso de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná, en la zona del paraje Yahapé.
El sospechoso actuaba en complicidad con un lugareño que se encargaba de conseguir información sobre el traslado de la droga.
Raúl Gastón Fontana, de 42 años de edad, estuvo al frente de la Prefectura de Itá Ibaté, en el norte de Corrientes, y luego pasó a desempeñarse como jefe de Operaciones de Frontera de la fuerza.
A través de escuchas telefónicas se pudo probar su vínculo con el otro imputado, Aníbal Vicente Torres (39), quien aportaba información sobre el ingreso de los cargamentos, muchos de los cuales luego eran decomisados.
Fontana está preso desde septiembre de 2021 en Santiago del Estero y esta semana fue trasladado a Corrientes para participar en forma presencial el juicio oral y público que llevan adelante los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreira.
La acusación está a cargo del fiscal Carlos Schaefer.
Desde la defensa del prefecto intentarán demostrar que la intervención de Fontana y el vínculo con Torres encuadran dentro de los límites de la Ley de Informantes.
Fontana, que optó por no declarar, buscaría a través de sus abogados probar que en su rol de integrante de la Prefectura simuló interés en la compra estupefacientes para intentar avanzar en la investigación de la organización que estaba detrás del ingreso de los cargamentos desde Paraguay.
Un prefecto que declaró como testigo, Gabriel Ayala, reveló que en una oportunidad le habían secuestrado a Torres una embarcación con elementos de pesca, pero a las pocas horas le reintegraron todo a cambio de que se convirtiera en informante de la fuerza. Ese pacto nunca fue notificado a los jefes de la fuerza ni a la Justicia Federal.
El juicio oral continuará el próximo 17 de marzo , cuando declaren otros siete testigos y posiblemente ya se escuchen los alegatos finales.
La investigación se disparó en septiembre de 2020, luego que Gendarmería obtuviera datos sobre el movimiento de cargas de droga en la zona de Yahapé, un pequeño poblado que está 200 kilómetros al norte de la capital provincial.
Con los datos aportados, la Justicia Federal dispuso la intervención de algunas líneas telefónicas y fue entonces que apareció el nombre de Fontana.
Según esa investigación, Torres gestionaba el traslado de la droga desde Paraguay, negociaba con los compradores y en muchos de los casos una vez obtenido el dinero, trasladaba el dato a Fontana para la incautación del estupefaciente y la detención del comprador.
Según la hipótesis fiscal, el prefecto también gestionaba la entrega de embarcaciones de terceros para el traslado de la droga desde Paraguay y liberaba la zona para evitar que las patrullas de la Prefectura intervinieran.
En una de las conversaciones, Fontana le da el visto bueno para que Torres entregue 72 kilos de marihuana pese a que el comprador llegó con sólo 550 dólares. Ese cargamento fue decomisado pocos minutos después de cerrada la operación.
En un mensaje, Torres le advierte al prefecto que había quedado en la zona una bolsa con marihuana y la respuesta fue “comé vos”, en clara alusión de que se quedara con la droga y la vendiera a otro comprador.
Fontana enfrenta la acusación de contrabando de drogas en calidad de organizador, agravado por ser parte de una fuerza de seguridad federal; mientras que Torres está procesado por partícipe necesario del tráfico de estupefacientes.
Clarin.-
