La extorsión es una de las varias modalidades del crimen organizado. En los últimos años, en el estado Lara, esta tipología delictiva se ha convertido en una amenaza debido a su alto crecimiento, aunque de manera silenciosa. No hay estadísticas, registros, tampoco, que se sepa públicamente, denuncias por parte de las víctimas. Es un riesgo que estas no quieren correr.
En el ámbito nacional, el Informe Anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), indica que: “en el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado de las actividades de extorsión sobre aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares u otras monedas extranjeras”.
La amenaza es un recurso eficaz de los delincuentes para persuadir a sus víctimas a la hora de llevar a cabo una extorsión. Una de las prácticas frecuentes de funcionarios, policiales y de la administración de justicia de la entidad, -como señalaron al OVV Lara personas que pidieron ocultar sus nombres-, es intimidar con posibles ´sanciones´ o ´multas´ ante cualquier irregularidad para obligarlos a la entrega de dinero o bienes. Funciona también como mecanismo para completar o ´agilizar´ determinados tramites.
Las personas consultadas por el OVV Lara, algunos de ellos modestos comerciantes, han sido objeto de este delito en los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara.
También en la capital de Portuguesa, Guanare, se conoció que en noviembre y diciembre de 2022, ocurrieron varias extorsiones. Las víctimas temen denunciar en las instancias de justicia, y eso lo saben los extorsionadores, de manera que se crea un círculo vicioso que nadie se atreve a enfrentar.
Entre los casos se destaca algunos laboratorios clínicos en ambas entidades que fueron allanados sin una orden judicial por supuestos funcionarios que portaban pasamontañas. Amenazaron a los propietarios de que serían sancionados por manejo inapropiado de desechos biológicos, lo que acarrearía el cierre de locales y multas. Se les obligó a pagar dólares en efectivo para que pudieran funcionar.
En el último trimestre de 2022, se hicieron públicas unas denuncias anónimas en la columna de opinión, “Retacitos”, del periodista Juan Bautista Salas en el portal de El Impulso. Los denunciantes dijeron a Salas que algunos funcionarios se presentaron en varias empresas de Lara con una “notificación” de un proceso de fiscalización que conduciría a sanciones para sus propietarios. “O me pagas más, o te atienes a las consecuencias”, se lee en el mensaje transcrito por Salas.
Los denunciantes le expresaron al periodista que “a esto en cualquier administración se le llama amenaza. Es tal el abuso, que ponen a cualquiera a adeudar sumas caprichosas, exorbitantes e inexistentes, usando para este fin el sistema judicial, y obtener beneficios ilícitos mediante esta práctica de terrorismo judicial. La verdad que no hay derecho”.
Brigadas de seguridad en el campo
Otro tipo de extorsión es la que se practica en contra de productores rurales y transportistas de alimentos. El último Informe de Violencia del OVV indica que en Venezuela “los productores viven entre dos amenazas continuas, por un lado, la de las distintas formas de crimen organizado -bandas o guerrillas- que pueden actuar en esa zona; y por el otro, la de los propios funcionarios policiales o militares locales, quienes unas veces los protegen y otras los extorsionan”.
El OVV señala que en el país hay una crisis institucional provocada por la ruptura del Estado de derecho, lo cual genera una distorsión sobre el cumplimiento de deberes y las garantías para los ciudadanos. Ante esta realidad, algunas comunidades de agricultores de los municipios Andrés Eloy Blanco, Jiménez, Iribarren y Morán del estado Lara han creado “brigadas de seguridad integral” para hacer frente a las extorsiones de funcionarios y a los delincuentes comunes.
En el año 2019, circuló en los medios de comunicación que varios productores de la entidad eran víctimas de extorsión por parte de funcionarios policiales. Se les pedía dinero y parte de sus cosechas para no ser privados de libertad.
El OVV Lara pudo conocer que las “brigadas” surgieron con el propósito de afrontar la ruralización de la violencia y como una forma de ´autoprotección´. “Es un grupo armado que tomó la justicia por su propia mano. Ellos tienen más de 2 mil armas en su poder. Los cuerpos de seguridad no tienen control sobre ellos, eso es un riesgo”, dijo un comerciante residente de uno de estos municipios que pidió mantener su nombre en reserva.
El OVV Lara exhorta a las autoridades a garantizar la protección de las personas que se atrevan a denunciar allanamientos arbitrarios, privativa ilegitima de libertad, retención de documentos, solicitud de dinero u otras amenazas. El Estado tiene una responsabilidad de primer orden en tal sentido, porque los ciudadanos son el sector más vulnerable en el contexto de la violencia en sus diversas modalidades.
Prensa OVV Lara.-
