Este martes, 17 de noviembre, se cumplen ocho días desde que 36 militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) iniciaron una huelga de hambre y hasta entonces representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo ni diputados de la Asamblea Nacional han acudido al centro penitenciario para dialogar con los militares y escuchar sus peticiones.
Ante este escenario, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exige al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que se presenten de inmediato en Ramo Verde para constatar las condiciones de salud de los militares y garantizar la integridad física de estas personas, cuya custodia es responsabilidad exclusiva del Estado venezolano.
Asimismo, hacemos un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que se pronuncien sobre esta huelga de hambre y la grave vulneración de derechos denunciada. Por otro lado, solicitamos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que acuda al penal para brindar asistencia humanitaria y evaluar médicamente a los detenidos.
Inicio de la huelga
El lunes, 9 de noviembre, 21 sargentos involucrados en la causa del comando de Cotiza, iniciaron una huelga de hambre para exigir que se investiguen las irregularidades y los vicios en sus procesos judiciales.
Ese mismo día, el abogado de los militares acudió al Palacio de Justicia, en compañía de los familiares, para entregar un documento en el cual informaba sobre el inicio de la huelga de hambre y exigía al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo o la fiscalía 124 nacional con competencia en derechos humanos, ir al penal de Ramo Verde a constatar el estado de salud de los militares.
También, el defensor introdujo un documento para solicitar la Ley de Amnistía para los sargentos de la causa, en vista de que cumplen con los requisitos.
Pasadas las horas se sumaron militares de otras causas, como Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería del Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y de la gobernadora de Monagas, para sumar 36 detenidos en huelga, entre ellos dos mujeres.
Estado de salud
El OVP expresa su profunda preocupación ante el deterioro en el estado de salud de los militares.
Este lunes, 16 de noviembre, los familiares de los privados de libertad acudieron al centro penitenciario y entregaron a los custodios hidratación para quienes están en huelga, como electrolitos, sueros y otros insumos. Sin embargo, desconocen si los funcionarios se los entregarán.
“Nos preocupa mucho la salud de ellos, ya sentimos que están bastante deteriorados”, dijeron familiares al OVP.
El sábado pasado trasladaron de emergencia al hospital Militar al sargento Luis Alfredo Lobo, quien se descompensó. El detenido sufre de hipertensión y tiene dificultades respiratorias, de acuerdo con allegados.
Con el sargento suman ocho los militares descompensados. Los familiares los identificaron como: Sargento Luis Lobo, sargento Padrón Albuja, sargento Juan Bolívar, sargento Giomer Matera, sargento Rafael Mancilla, teniente Hugo Aparicio, sargento Romero Catalino y Tony Guevara.
Sin acceso al agua potable
Según los parientes, a pocas horas del inicio de la huelga de hambre el comandante Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ordenó cerrar el portón que comunica el patio con la torre, bloqueando así el acceso tanto al agua potable como a los baños.
Los militares se encuentran en el patio del penal durmiendo en carpas. La semana pasada los familiares denunciaron que tomaron agua de la lluvia o empozada.
Asimismo, el viernes pasado fueron suspendidas las visitas a las 235 personas privadas de libertad en Ramo Verde, en retaliación a la huelga de hambre.
La Declaración de Malta y la protección de los huelguistas
La huelga de hambre de los 36 militares también debe ser atendida conforme a los principios establecidos en la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial (AMM), adoptada en 1991 y revisada en 2017. Este instrumento internacional de ética médica reconoce que las huelgas de hambre en centros de detención constituyen una forma de protesta y advierte que la privación prolongada de alimentos puede ocasionar daños irreversibles e incluso la muerte.
De igual manera, la Declaración establece que los médicos deben evaluar el estado de salud de los huelguistas, explicarles los riesgos del ayuno y realizar controles periódicos con su consentimiento. Además, exige que las decisiones médicas sean independientes de las autoridades penitenciarias, que se respete la voluntad libre e informada de los detenidos y que no se utilicen tratamientos o alimentación forzada para obligarlos a abandonar la protesta.
Para finalizar, el OVP recuerda que la vida, salud e integridad física de los 36 militares son responsabilidad del Estado venezolano. Tras ocho días de huelga de hambre, ocho detenidos descompensados y reiteradas denuncias de sus familiares, el silencio de las autoridades resulta inadmisible.
La falta de actuación institucional no puede prolongarse mientras la salud de estas personas continúe deteriorándose, y cualquier consecuencia irreversible exige que se investiguen las responsabilidades de quienes tenían el deber de protegerlos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones




