El Fiscal Carlos Rolero Santurián, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, imputó al responsable del lugar por graves afectaciones ambientales y a las condiciones de habitabilidad de los vecinos de los domicilios linderos, que realizaron la denuncia por los olores nauseabundos que generaba el lugar.
Gracias al procedimiento, coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), se logró el decomiso de 620 kilos de mercadería que incumplía con las normas del Código Alimentario, y no se encontraban aptas para el consumo humano.
Durante el procedimiento se encontró carne vacuna, de cerdo, pollo y mariscos sin rotular y en pésimas condiciones higiénicas. También se detectó que en el mismo espacio donde se elaboraba la comida había maquinaria de imprenta y pinturas en desuso, lo que implicaba contaminación cruzada grave.
El establecimiento, que registraba una clausura vigente, carecía de la habilitación correspondiente para la elaboración y venta de comida al público, así como tampoco contaba con certificado de aptitud ambiental ni certificado de gestión de residuos peligrosos, lo que motivó la clausura inmediata y preventiva de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Agencia de Protección Ambiental (APRA) ambas del GCBA .
El allanamiento, otorgado por el Juzgado PCyF 14, fue realizado por la División Delitos Ambientales de Policía de la Ciudad, y organismos de la Agencia Gubernamental de Control y de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA.
