El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos argentinos por cada uno de los ocho integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de armas que permanecen prófugos desde mayo de 2024.
La medida fue establecida mediante la Resolución 462/2026, publicada en el Boletín Oficial, a solicitud del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que está a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica.
Los sospechosos, de nacionalidad chilena y argentina, son buscados en el marco de la causa FMZ 16664/2021/7, donde se los investiga por haber participado, con distintos niveles de responsabilidad, en una red dedicada al tráfico internacional de armas. Todos cuentan con órdenes de captura vigentes a nivel nacional desde el 22 de mayo de 2024 y con pedidos de captura internacional emitidos desde agosto de 2025.
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— Policía Federal Argentina (@PFAOficial) June 7, 2026
Entre los ciudadanos chilenos buscados se encuentra Franco Simón Basaez Vílchez, de 39 años de edad, conocido con el alias “El Javi”, de tez trigueña y cabello negro. También figura Lisandro Eduardo Basaez Morales, de 31 años de edad, apodado “El enano petiso”, quien presenta características físicas similares a las de Vílchez.
El listado incluye además a Kevin Matías Sandoval González, de 27 años de edad, de tez blanca y cabello corto negro; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval, de 23 años de edad, de tez blanca, ojos marrones y cabello corto negro; y Aldana Matilde Glaria Orellana, de 37 años de edad, quien posee Documento Nacional de Identidad argentino, tiene tez blanca y cabello largo negro ondulado.
Por parte de los ciudadanos argentinos requeridos por la Justicia aparecen Carlos Damián Algañaraz, de 47 años de edad, conocido como “El Porteño”, de tez trigueña y cabello corto negro; Zaira Nahir Basaez, de 21 años de edad, de tez blanca y cabello largo negro; y Selene Anahí Obregón, de 31 años de edad, cuya característica distintiva es un lunar marrón ubicado en el centro de la frente.
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La recompensa ofrecida está destinada únicamente a personas que no hayan participado en los hechos investigados y que puedan aportar información útil para lograr la captura de los prófugos. Según la resolución, los buscados son investigados por integrar una organización criminal vinculada al tráfico internacional de armas, con distintos grados de participación, en hechos encuadrados dentro de la Ley N° 22.415.
Quienes dispongan de datos relevantes pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134. Este programa depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, organismo que forma parte del Ministerio de Seguridad.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad federales difundir los afiches de búsqueda mediante todos los medios disponibles. Asimismo, se instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional para que publique la medida en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.
Procesaron a una banda que desvió armas al mercado ilegal
Por otra parte, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, dictó el procesamiento con prisión preventiva de once personas acusadas de integrar una organización que habría desviado al menos 742 armas de fuego desde los registros oficiales hacia circuitos clandestinos entre los años 2022 y 2026.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que detectó movimientos irregulares en la compra y transferencia de armamento.
Durante el análisis se identificó a usuarios que, en períodos breves, solicitaron autorizaciones para poseer cinco o más armas de fuego pese a contar con ingresos económicos incompatibles con el valor de las adquisiciones realizadas.
El relevamiento comprendió 147 casos. Como parte de la investigación se realizaron inspecciones en 38 domicilios, donde se detectaron irregularidades en 35 de ellos.
Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina.
Según determinó la Justicia, la organización operaba mediante una estructura integrada por testaferros, armerías, gestores administrativos y personas que actuaban como facilitadores dentro de organismos de control.
La investigación estableció que las armas se encontraban registradas formalmente, pero no permanecían bajo la custodia de los titulares declarados. Además, se comprobó que parte del armamento tenía como destino final Chile y Uruguay.
Los investigadores estiman que la cantidad total de armas desviadas podría superar las 2.000 unidades.
En la resolución judicial, el juez González Charvay identificó a Ricardo Javier Mascato como líder de la organización criminal y dispuso sobre sus bienes un embargo de 120 millones de pesos.
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Para los demás procesados, el magistrado fijó embargos de 100 millones de pesos cada uno.
Por otra parte, cuatro de los acusados —Martín José Núñez, Yanina Micaela Ribeiro, Fernando Héctor Rodríguez y Juan José Fogliani— mantuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido a cuestiones de salud.
Con Información de Infobae.-
