El abordaje actual sobre una Ley de Amnistía en Venezuela aprobada en su primera discusion en la Asamblea Nacional, ha estado tradicionalmente asociada al debate político y a la reinstitucionalización democrática. Sin embargo, uno de los aspectos menos explorados —y quizá más sensibles para la población— es su impacto directo e indirecto en la seguridad ciudadana, entendida no solo como control del delito, sino como garantía de convivencia, confianza institucional y paz social.
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Desde una perspectiva constitucional, la amnistía es una herramienta legítima del poder legislativo, prevista en el artículo 187.5 de la Constitución( CRBV) siempre que respete límites claros, como la prohibición absoluta de amnistiar crímenes de lesa humanidad. El proyecto analizado cumple formalmente con este marco. No obstante, su verdadera trascendencia se mide en el terreno social: ¿contribuye o no a mejorar la seguridad ciudadana?
En primer lugar, la ley puede tener un efecto positivo en la seguridad democrática. Al despenalizar conductas políticas y de protesta que fueron criminalizadas, reduce el uso del aparato penal como mecanismo de control social. Esto libera a los cuerpos de seguridad y al sistema de justicia de tareas represivas impropias de una democracia, permitiéndoles concentrarse en su función esencial: la prevención y persecución del delito común. En este sentido, una amnistía bien aplicada despolitiza la seguridad y la devuelve a su cauce natural.
En segundo término, la liberación de presos políticos y el retorno seguro de exiliados contribuyen a disminuir la conflictividad latente. El miedo, la persecución y la exclusión generan tensiones sociales que, a largo plazo, se traducen en violencia estructural. La amnistía, al humanizar el conflicto político, reduce esos factores de riesgo y favorece un clima de convivencia, condición indispensable para cualquier política eficaz de seguridad ciudadana.
No obstante, existen riesgos que no pueden ignorarse. Una amnistía percibida como excesivamente amplia o aplicada sin criterios claros puede generar en la ciudadanía una sensación de impunidad. Si no se comunica adecuadamente la diferencia entre delitos políticos y delitos comunes, se corre el riesgo de erosionar la confianza en el sistema de justicia y, con ello, debilitar la cooperación ciudadana con las instituciones de seguridad.
Asimismo, la eliminación automática de sanciones administrativas e inhabilitaciones, sin mecanismos rigurosos de verificación, puede afectar la credibilidad del control estatal. La seguridad ciudadana no solo depende de menos represión, sino también de reglas claras, justicia predecible y responsabilidad institucional.
En balance, la Ley de Amnistía puede fortalecer la seguridad ciudadana en un sentido democrático, al reducir la persecución política, reconstruir la confianza y descomprimir el conflicto social. Pero su impacto positivo no es automático ni garantizado. Requiere acompañarse de reformas profundas del sistema judicial, profesionalización de los cuerpos de seguridad y políticas públicas orientadas a la prevención del delito.
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En definitiva, la amnistía no es una política de seguridad en sí misma, pero sí puede crear las condiciones políticas y sociales para que una verdadera seguridad ciudadana —humana, democrática y respetuosa de los derechos— sea finalmente posible. Sin esas reformas estructurales, la amnistía será solo una tregua; con ellas, puede convertirse en un punto de inflexión hacia la paz social y el Estado de Derecho.
Braulio Seijas.-
