Comprar una vivienda propia se ha convertido en una meta cada vez más difícil de alcanzar para los hogares argentinos y venezolanos. El alquiler, que tradicionalmente era una solución temporal durante los primeros años de independencia, se prolonga ahora hasta etapas más avanzadas de la vida. En los últimos diez años aumentó la cantidad de personas de entre 30 y 49 años que viven en inmuebles alquilados, mientras disminuyó la proporción de propietarios.
La tendencia está vinculada con la diferencia entre los salarios y el valor de las propiedades, las dificultades para reunir ahorros y las limitaciones del crédito hipotecario. Estos factores reducen las posibilidades de que incluso las familias con ingresos medios y altos puedan acceder a una vivienda.
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De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), entre 2016 y 2026 la proporción de hogares propietarios en los principales centros urbanos del país pasó del 71% al 68%. En sentido contrario, el porcentaje de inquilinos aumentó del 18% al 21%. En términos absolutos, esto representa casi 600.000 hogares más en el mercado de alquiler durante ese período.
El fenómeno no afecta únicamente a los sectores de menores ingresos. Los mayores aumentos en la proporción de inquilinos se produjeron entre los estratos medios y altos, mientras que el indicador se mantuvo prácticamente estable entre los hogares con menos recursos. Esto demuestra que contar con un salario relativamente elevado ya no garantiza la posibilidad de comprar una propiedad.
Uno de los principales obstáculos es la brecha entre los ingresos y los precios del mercado inmobiliario. Mientras las viviendas suelen comercializarse en dólares, la mayoría de los trabajadores recibe sus salarios en pesos. La pérdida de poder adquisitivo y las devaluaciones dificultan reunir el capital necesario para concretar una operación.
A esto se suma el limitado acceso a los préstamos hipotecarios y las exigencias de las entidades financieras. El informe señala que tener ingresos suficientes para afrontar una cuota no significa necesariamente cumplir con todos los requisitos para obtener un crédito. La informalidad laboral también representa una barrera para quienes no pueden demostrar ingresos regulares.
La situación alcanza incluso a los trabajadores registrados. Entre los asalariados privados formales que son jefes de hogar, uno de cada tres alquila. Si también se considera a quienes todavía viven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia dentro de un hogar independiente. Por lo tanto, tener estabilidad laboral tampoco asegura el acceso a una propiedad.
El ahorro inicial, una de las principales barreras
La falta de financiamiento a largo plazo obliga a los interesados en comprar una vivienda a reunir una parte importante del valor del inmueble antes de solicitar un préstamo. En general, los bancos exigen un anticipo equivalente a entre el 25% y el 30% del precio de la propiedad.
Conseguir ese monto puede llevar varios años para una familia que depende de sus ingresos laborales. El tiempo necesario varía según la ciudad: en Mendoza y Neuquén ronda los cinco años; en Córdoba y Santa Fe supera los seis, mientras que en Misiones alcanza los 9,6 años.
Estas diferencias reflejan que el esfuerzo para reunir el capital inicial puede ser casi el doble dependiendo del lugar de residencia. Así, incluso quienes podrían afrontar las cuotas mensuales de un crédito encuentran dificultades para completar el anticipo y avanzar con la compra.
Cada vez más personas de entre 30 y 49 años viven en alquiler
Otro dato relevante del estudio es el cambio en la edad de quienes alquilan. Las personas de entre 30 y 49 años representaban el 49% de los hogares inquilinos en 2016, pero en 2026 esa proporción llegó al 57%. Además, este grupo concentra cerca del 77% del crecimiento total de los hogares que alquilan durante la última década.
La evolución por edades también muestra diferencias. Entre los hogares encabezados por personas de 40 a 49 años, la proporción de inquilinos pasó del 17,5% al 23,9%. En el segmento de 30 a 39 años, en tanto, aumentó del 31,8% al 35,7%.
En cambio, los menores de 30 años redujeron su participación dentro del total de hogares inquilinos: pasaron del 25% al 19%. Los datos reflejan que el alquiler dejó de concentrarse principalmente en jóvenes que comienzan su vida independiente y se extendió a personas que, en otras circunstancias, podrían haber avanzado hacia la compra de una vivienda.
Esta postergación también repercute en la posibilidad de construir un patrimonio propio. Según el análisis del IERAL, el acceso a una propiedad depende cada vez más de contar con ayuda económica de la familia, recibir una herencia o disponer de recursos acumulados por generaciones anteriores, en lugar de depender exclusivamente de los ingresos del trabajo.
El crédito hipotecario, una alternativa para revertir la tendencia
Para modificar este escenario, el informe plantea la necesidad de recuperar el financiamiento hipotecario de largo plazo. Los préstamos a 20 o 30 años requieren fuentes de ahorro capaces de sostener ese período, algo difícil en un sistema bancario donde predominan los depósitos de corto plazo.
También inciden el escaso desarrollo del mercado de seguros y la eliminación del régimen de capitalización previsional, que redujeron las fuentes potenciales de recursos para financiar créditos a largo plazo.
En este contexto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) aparece como una posible herramienta para ampliar el financiamiento disponible. En septiembre de 2026, sus inversiones equivalían al 12,1% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque 9,6 puntos correspondían a títulos públicos nacionales.
El IERAL considera que la propuesta de destinar recursos del fondo a depósitos bancarios condicionados al otorgamiento de créditos hipotecarios puede contribuir a ampliar el acceso a estos préstamos. Sin embargo, plantea que su implementación debe preservar la seguridad y la rentabilidad de los activos previsionales.
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El diagnóstico del informe apunta a que, sin mecanismos que permitan canalizar el ahorro hacia préstamos de largo plazo, el acceso a la vivienda propia seguirá siendo limitado. De esta manera, para miles de hogares argentinos, dejar de alquilar dependerá cada vez más de disponer de un respaldo económico familiar y no solamente de los ingresos obtenidos mediante el trabajo.
Con Información de Infobae.-
