La comunidad de venezolanos residentes en la provincia de Santa Fe se encuentra en pie de lucha y ha formalizado una denuncia institucional de extrema gravedad contra la gestión de Ibacibet Pérez, ciudadana de nacionalidad colombiana y autodenominada presidenta de la Asociación Civil Asoven del Litoral.
Tras protestas nocturnas frente a la sede comercial de la entidad —que funge como domicilio legal de la asociación—, los agremiados han expuesto un rosario de irregularidades que van desde la malversación de fondos y el maltrato a los socios hasta un fraude electoral consumado y una situación de acefalía institucional, según declaraciones de Manuel Barazarte, quien se comunicó con ESREVIRAL.
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Investigación en la IGPJ por corrupción y fondos sin rendir
De acuerdo con el expediente formal tramitado ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) bajo patrocinio legal, la entidad se encuentra bajo fuerte investigación administrativa. La denuncia expone que Pérez y su cúpula han participado en eventos de recaudación masiva percibiendo fondos económicos a nombre de la colectividad venezolana —estimada entre 300 y 500 personas en la zona, aunque sin un padrón real ni transparente—, dinero que jamás ha sido invertido en el bienestar o asistencia de los migrantes.
El descontrol económico-contable habría llegado a tal punto que el Revisor de Cuentas Suplente, Manuel Barazarte, (quien debió intervenir temporalmente ante la ausencia y vacantes en el órgano de fiscalización) denunció que se le negó el acceso integral a la documentación respaldatoria, ingresos, egresos y movimientos bancarios. Asimismo, la institución arrastra un atraso crítico: los únicos balances aprobados corresponden al período inicial de 2022 y al ejercicio 2023 (aprobados en junio de 2024), mientras que los ejercicios de 2024 y 2025 se pretendían aprobar a libro cerrado y sin auditoría real.
Mandatos vencidos y maniobra fraudulenta de reelección
La gravedad institucional escaló al confirmarse que las autoridades de Asoven del Litoral tienen los mandatos formalmente vencidos desde junio de 2026 (habían asumido por un período improrrogable de 24 meses). Además, la asociación se encuentra virtualmente en estado de acefalía debido a las renuncias formales presentadas por la Tesorera, la Vocal Suplente y el Revisor de Cuentas Suplente, vacantes que nunca fueron cubiertas por mecanismos estatutarios.
Lejos de regularizar la situación, la presidenta habría intentado «perpetuarse en el poder mediante una maniobra electoral viciada de nulidad»:
- Violación flagrante del Artículo 40 del Estatuto: Se omitió la conformación legal de la Junta Electoral con 30 días de anticipación, no se exhibieron los padrones en regla y se impusieron plazos ilegítimos y arbitrarios para la recepción y presentación de listas de candidatos.
- Clandestinidad del Padrón de Asociados: Los denunciantes advierten que se desconoce por completo la existencia y depuración del Registro de Asociados, impidiendo saber quiénes tienen legítimo derecho a voz y voto, con el fin de manipular la asamblea.
Alerta a las instituciones y llamado al Centro Cultural de Monte Vera
Ante la gravedad de los hechos, la comunidad venezolana hace un llamado público de advertencia a las autoridades locales, gubernamentales y, en particular, al Centro Cultural de Monte Vera, para que eviten ceder espacios públicos o avalar actividades comerciales a una directiva ilegitima, de acuerdo con Barazarte.
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Los afectados exigen la intervención urgente de la IGPJ para restaurar la regularidad institucional, auditar cada centavo recaudado en nombre de la diáspora venezolana en Santa Fe y frenar lo que califican como una apropiación ilegítima de la representación comunitaria.
