Mientras que el gobierno venezolano sí gestionó y obtuvo protección diplomática para Delcy Rodríguez ante la justicia estadounidense, el expediente judicial del exmandatario y de Cilia Flores carece de una petición formal de inmunidad
La defensa de inmunidad soberana reclamada ante la justicia de Estados Unidos por Nicolás Maduro enfrenta un obstáculo determinante. De acuerdo con un memorando presentado por la Fiscalía estadounidense ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, el Estado venezolano jamás ha solicitado formalmente que el exmandatario y su esposa, Cilia Flores, reciban protección bajo esa condición dentro de la causa penal que se sigue en su contra.
El documento fiscal revela una marcada diferencia en el manejo diplomático de las autoridades de Caracas respecto a sus altas figuras de poder. Mientras que el gobierno venezolano omitió cualquier petición formal para Maduro en el proceso penal, sí tramitó activamente un amparo similar para Delcy Rodríguez, a quien Washington reconoce bajo la condición de jefa de Estado interina.
El contraste procesal y el caso en Florida
Los registros presentados detallan que el precedente clave se originó en el marco de la demanda civil «Kenemore vs. Maduro», ventilada en tribunales de Florida, donde tanto Maduro como Rodríguez figuraban inicialmente como codemandados. El 14 de mayo, la Embajada de Venezuela en Washington canalizó una nota diplomática exigiendo que se reconociera la investidura de Rodríguez.
Ante dicha solicitud, el Departamento de Justicia y el Ejecutivo estadounidense comunicaron formalmente al tribunal el pasado 20 de julio que otorgaban el reconocimiento a Rodríguez como jefa de Estado, confiriéndole de este modo la inmunidad legal correspondiente frente a ese litigio civil. Sin embargo, los fiscales enfatizan que en dicho expediente —al igual que en el actual proceso penal— nunca se elevó un requerimiento equivalente a favor de Nicolás Maduro.
Con este posicionamiento de la Fiscalía ante el juez Hellerstein, el proceso judicial en Nueva York avanza sin el blindaje diplomático que la defensa pretendía invocar, dejando al exgobernante sin el sustento institucional de una petición formal por parte de su propio gobierno ante las autoridades estadounidenses.
