Un tribunal federal estadounidense dictó una orden de suspensión temporal para frenar el proceso de deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, el repartidor venezolano de 28 años que fue baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una calle de Texas.
La medida fue emitida por el juez federal Orlando García, quien ordenó congelar de manera inmediata la expulsión del país para garantizar que Garcés pueda comparecer en una audiencia programada ante la justicia federal, de acuerdo con los reportes de Univisión.
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El caso ante la justicia
La demanda fue presentada el 21 de septiembre, apenas un día después de que ocurriera el violento altercado en la vía pública. Tras recibir el recurso legal, el juez García fijó la fecha de la audiencia decisiva para el próximo 30 de septiembre.
El episodio ha generado una profunda controversia y fuertes cuestionamientos en contra del proceder del ICE. La defensa y organizaciones comunitarias no solo denuncian que los agentes abrieron fuego por la espalda contra el joven sin que mediara una amenaza justificada, sino también por las graves irregularidades en la atención médica que recibió tras el ataque.
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Denuncias por negligencia médica en detención
Luego de recibir el disparo, Garcés Pérez fue ingresado de emergencia en el Centro Médico Dell Seton de la Universidad de Texas. Pese a la gravedad de sus heridas y a que aún tenía la bala alojada en su cuerpo, el personal médico le otorgó el alta médica apenas cuatro horas más tarde, tras lo cual fue trasladado directamente a un centro de detención migratoria.
Esta decisión agravó drásticamente su estado de salud, al punto de que el joven venezolano perdió la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Ante las denuncias públicas por la falta de asistencia adecuada, las autoridades se vieron obligadas a trasladarlo de urgencia nuevamente a un centro hospitalario.
