Ante la presión por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo, la administración de Javier Milei negocia con la CGT la implementación de un piso salarial garantizado de 1.070.000 pesos en bruto (unos 860.000 pesos de bolsillo) para las categorías inferiores de los convenios colectivos.
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Los puntos clave de la medida
- Bonos y sumas fijas: El esquema contempla el pago de montos no remunerativos que complementarán las paritarias para elevar los sueldos más retrasados.
- El tope sigue firme: El Gobierno mantendrá la referencia del 2% mensual para los aumentos porcentuales homologados, pero habilitará estos adicionales para dar un respiro a los bolsillos.
- Sectores beneficiados: La iniciativa apunta de forma directa a trabajadores de textiles, peones rurales, metalúrgicos, calzado, construcción, gastronómicos y maestranza, cuyos ingresos actuales suelen ubicarse entre los 800.000 y 1.000.000 de pesos.
- Rechazo sindical: Desde la cúpula de la CGT calificaron la propuesta como «insuficiente» y reclaman que el piso salarial se equipare con la canasta básica total, que en julio se ubicó en 1.564.000 pesos.
- La incógnita empresaria: Las cámaras del sector privado advierten sobre las dificultades financieras para afrontar subas adicionales en un contexto de caída de la actividad económica.
La medida es llevada adelante por la Secretaría de Trabajo tras gestiones reservadas con referentes sindicales, en un intento oficial por evitar que el deterioro de los ingresos afecte la reactivación y genere un alto costo político de cara al futuro.
