El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta dos órdenes de captura por la presunta comisión de siete delitos: trata agravada, terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La primera causa está relacionada con una investigación por presunta trata agravada de una menor de edad durante el período en que Morales ejercía la Presidencia. Según la Fiscalía boliviana, el exmandatario habría mantenido una relación con una adolescente en 2016, con quien habría tenido una hija, y presuntamente habría favorecido a la familia de la joven con beneficios políticos.
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El Ministerio Público informó que cuenta con 170 pruebas contra Morales y señaló que el exgobernante fue citado a declarar en tres oportunidades: octubre de 2024, enero de 2025 y mayo de 2026. Ante su ausencia en las convocatorias, la Justicia ordenó su arraigo, el registro de sus bienes, el congelamiento de sus cuentas, lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura que aún no se ha ejecutado.
La segunda investigación está vinculada a las acusaciones por terrorismo y alzamiento armado, delitos que contemplan penas máximas de 20 y 30 años de prisión, respectivamente, según el Código Penal boliviano.
El expediente surgió a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año, tras una denuncia presentada por el Comité Cívico de Santa Cruz, una organización opositora al Movimiento al Socialismo (MAS), partido liderado históricamente por Morales y también vinculado al expresidente Luis Arce.
Los denunciantes señalan que Morales habría promovido los bloqueos con el objetivo de presionar para la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones comenzaron en La Paz por convocatoria de la Federación de Campesinos Túpac Katari y luego se sumaron otros sectores, como la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y grupos de cocaleros afines al exmandatario.
Durante casi siete semanas, las protestas se extendieron a distintas regiones del país y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y otros productos básicos, además de pérdidas económicas para sectores como el transporte y la industria.
Pese a las órdenes judiciales en su contra, Morales continúa participando en actos públicos y actividades políticas en su principal bastión, Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores.
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El exmandatario sostiene que las acusaciones forman parte de una “persecución política” impulsada por el actual gobierno y su antecesor. “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social”, afirmó Morales en su cuenta de X tras conocerse la segunda orden de captura.
Desde que se emitió la primera orden hace casi dos años, autoridades del Gobierno boliviano han asegurado que la detención del exmandatario se concretará y que existe una estrategia para llevarla adelante. “Ya le va llegar la cárcel”, declaró el presidente Paz a finales de junio.
Con Información de Infobae.-
