Las autoridades de Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia aplicada a un niño de entre 1 y 12 años de edad desde la entrada en vigor de la nueva normativa que permite este procedimiento en menores con enfermedades incurables, sufrimiento considerado insoportable y sin posibilidad de mejoría.
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La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar los casos de interrupción tardía del embarazo y de terminación de la vida en recién nacidos y menores recibió la notificación a finales de 2024 y concluyó recientemente el análisis del expediente.
Según detalló la funcionaria, la comisión revisó la documentación médica, escuchó al profesional responsable del caso y remitió su dictamen a la Fiscalía, que deberá determinar ahora si el médico actuó conforme a la legislación vigente. Hermans no reveló la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía.
La normativa, en vigor desde febrero de 2024, autoriza la eutanasia en niños de entre 1 y 12 años de edad que se encuentren en fase terminal y padezcan un sufrimiento insoportable sin perspectivas de recuperación. El procedimiento exige el consentimiento de los padres y la evaluación de al menos un médico independiente.
El informe de la comisión indica que este es el primer caso registrado bajo esta categoría desde la ampliación de la ley, que anteriormente solo contemplaba a recién nacidos y a menores mayores de 12 años de edad.
En el momento de su aprobación, se estimó que alrededor de cinco niños por año podrían cumplir los criterios para acceder a este procedimiento, en su mayoría con malformaciones congénitas o enfermedades metabólicas graves.
La introducción de esta legislación ha generado un intenso debate político y ético en Países Bajos. Mientras sectores conservadores y grupos religiosos han cuestionado la medida, organizaciones médicas han defendido la necesidad de un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.
Por otra parte, la comisión también recibió en 2025 tres notificaciones relacionadas con interrupciones tardías del embarazo, todas vinculadas a fetos con graves daños cerebrales provocados por infecciones congénitas por citomegalovirus.
En estos casos, los especialistas determinaron que no existían tratamientos capaces de modificar el pronóstico y que, de haber nacido, los niños habrían presentado discapacidades neurológicas severas, epilepsia de difícil control y dependencia total de cuidados. La comisión concluyó que los profesionales actuaron conforme a los criterios legales de diligencia.
El informe recuerda que tanto la interrupción tardía del embarazo como la terminación de la vida en recién nacidos o menores de 12 años siguen siendo, en principio, conductas tipificadas en el Código Penal neerlandés.
Sin embargo, los médicos pueden quedar exentos de responsabilidad penal si cumplen estrictamente los requisitos establecidos y la comisión determina que actuaron con la debida diligencia.
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Hasta el momento, la Fiscalía neerlandesa no ha procesado a ningún médico en los casos evaluados.
Con Información de TN.-
