El excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, rechazó este miércoles ser extraditado desde España hacia Argentina, donde es requerido por la Justicia en una causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad.
Durante una audiencia celebrada por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional de España, el exmilitar manifestó su negativa a ser entregado a las autoridades argentinas, según informaron fuentes jurídicas citadas por la agencia EFE.
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Tras su declaración, el proceso de extradición continuará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá convocar una audiencia para analizar la solicitud presentada por Argentina, como establece el procedimiento judicial español en este tipo de casos.
La investigación argentina se inició en 2023 y apunta contra altos funcionarios del gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. La causa surgió a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), bajo el principio de jurisdicción universal.
En febrero de este año, las autoridades argentinas solicitaron formalmente la extradición de Verdú Torrelles luego de confirmar que se encontraba en territorio español.
El expediente forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde al menos 2014, especialmente durante las protestas contra el gobierno.
Entre los casos analizados figura el de Geraldin Moreno, una joven de 23 años que murió tras recibir disparos de efectivos de la GNB durante una manifestación en el estado Carabobo. La denuncia fue impulsada por su madre, Rosa Orozco, quien ha exigido justicia por el caso durante más de una década.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Verdú Torrelles habría tenido responsabilidades operativas como comandante de un destacamento de Seguridad Urbana en la región donde ocurrieron los hechos.
La causa también incluye el caso de un manifestante identificado como J.A.M.F., quien fue detenido durante una protesta en Caracas, presuntamente golpeado por agentes de seguridad y fallecido días después en un hospital a consecuencia de las lesiones sufridas.
Las denuncias son tramitadas por el Juzgado Federal N.º 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2024, en el marco de esta investigación, el juez Ramos ordenó la captura internacional de varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; el excomandante de la GNB, Justo José Noguera Pietri, y otros exfuncionarios señalados en la causa.
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La investigación permanece abierta y forma parte de un expediente más amplio que busca determinar posibles responsabilidades por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.
Con Información de diarioversionfinal.com.-




