Unos 30 colegios de La Matanza denunciaron haber firmado convenios para la atención de emergencias médicas con clínicas que hoy están bajo investigación en la causa por una presunta red de médicos falsos y certificados apócrifos que habría operado en distintas localidades del distrito bonaerense.
Según consta en el expediente, los establecimientos educativos habían contratado servicios de asistencia médica para alumnos y docentes con empresas vinculadas a “Argentina Salud”, la clínica de González Catán que quedó en el centro de la investigación judicial por presunto ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y uso irregular de sellos profesionales.
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De acuerdo con la información reunida hasta el momento, los 30 colegios habían firmado acuerdos para la cobertura de emergencias dentro de las instituciones educativas. Algunos incluso habían abonado por adelantado el servicio correspondiente a todo 2026.
Fuentes cercanas al caso indicaron además que ciertos contratos contemplaban pagos de hasta 1,3 millones de pesos por apenas 50 llamados de emergencia.
La investigación también detectó que a varios colegios acudieron ambulancias y vehículos particulares para atender emergencias médicas. Tras esas intervenciones, se entregaban certificados sellados que ahora son analizados por la Justicia bajo sospecha de haber sido emitidos con sellos presuntamente falsificados.
La incorporación de los colegios al expediente amplió el alcance de la causa y reforzó las sospechas sobre una estructura que, según los investigadores, habría funcionado durante al menos cinco años en distintos puntos de La Matanza.
Uno de los testimonios que complicó la situación judicial de los acusados fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana detenida en la causa. Ante la Justicia reconoció que no tenía el título revalidado para ejercer en Argentina y admitió que utilizaba el sello de otra profesional para atender pacientes.
Según su declaración, el sello le había sido entregado por Alberto Santarceri, señalado por los investigadores como dueño de “Argentina Salud”.
También declaró el médico boliviano Carlos Covarrubias, quien admitió que trabajaba utilizando el sello de otro profesional y que realizaba atenciones de emergencia tanto en ambulancias como dentro de escuelas.
De acuerdo con el expediente, Covarrubias aseguró que intervenía en situaciones médicas dentro de establecimientos educativos y que además prestaba servicios en consultorios de Virrey del Pino. En su testimonio afirmó que llevaba certificados previamente sellados y que cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas.
Tanto Suazo Pulido como Covarrubias señalaron que al iniciar cada jornada recibían sellos médicos vinculados a Santarceri y que luego los devolvían al finalizar el servicio a Sofía Luna, esposa del empresario.
La causa está a cargo del juez de garantías Rubén Ochipinti y del fiscal Fernando Garate. Los investigadores buscan determinar si detrás de la clínica funcionaba una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la emisión de documentación médica presuntamente irregular.
En paralelo, la Justicia intenta establecer si hubo menores afectados por las maniobras investigadas, a partir de las referencias a atenciones médicas realizadas en escuelas y certificados emitidos dentro de ese circuito.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una médica que aseguró que utilizaban su nombre, matrícula y sello sin autorización. A partir de esa presentación se realizaron allanamientos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.
Durante esos operativos fueron secuestrados documentos, sellos médicos, equipos informáticos, vehículos y dispositivos electrónicos. Además, según trascendió en el expediente, también se detectaron automóviles con patentes adulteradas.
En total fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados figuran Alberto Santarceri, Sofía Luna, Dunia Mercedes Suazo Pulido, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse. Otras 23 personas fueron identificadas como investigadas en un segundo nivel dentro de la causa.
Sobre los acusados pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. La Justicia además no descarta sumar nuevas imputaciones por presunta estafa, a medida que avancen las denuncias de pacientes e instituciones que contrataron los servicios bajo investigación.
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Mientras tanto, los propietarios de la clínica optaron por no prestar declaración ante la Justicia.
