El caso de la adolescente oriunda de Santiago del Estero, embarazada tras una violación, continúa generando repercusiones judiciales y mediáticas luego de la intervención realizada en una clínica de Villa Ballester y el posterior hallazgo de ocho restos fetales en el lugar.
El médico Damián Levy (MN 126052), presidente de la Fundación Cigesar —dedicada a la salud sexual y “(no) reproductiva”—, quedó en el centro de la controversia tras practicar una interrupción legal del embarazo a la niña, quien cursaba ocho meses de gestación. El procedimiento se realizó en la clínica Santa María, donde días después un allanamiento permitió encontrar ocho fetos almacenados en bolsas de residuos patológicos.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP PARA ESTAR INFORMADO
En declaraciones ofrecidas a TN a través de WhatsApp, Levy expresó estar “consternado” por lo ocurrido, aunque aseguró haber actuado conforme a la legislación vigente. Según explicó, el contacto con la menor y su madre se produjo durante una campaña de salud en Santiago del Estero, donde ambas solicitaron apoyo tras denunciar una violación y no poder acceder al procedimiento en su provincia.
La Ley 27.610 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, aunque contempla excepciones posteriores, como en casos de abuso sexual. En ese contexto, el médico indicó que se trataba de una situación de alta vulnerabilidad, por lo que la fundación brindó orientación, traslado y atención médica segura.
La intervención fue realizada por un equipo de la propia fundación en una clínica con la que mantienen un convenio para el uso de sus instalaciones. Sin embargo, tras el operativo policial, la clínica Santa María emitió un comunicado en el que buscó aclarar su participación y desvincularse de las acusaciones.
La institución señaló que únicamente alquiló su infraestructura a la Fundación Cigesar, responsable de la atención médica con su propio personal. Asimismo, afirmó no contar con servicio de obstetricia ni realizar procedimientos relacionados con esa especialidad, y rechazó las versiones que sugerían la existencia de una red de trata o tráfico de recién nacidos.
Por su parte, la fundación aseguró que todas las prácticas se llevaron a cabo dentro del marco legal y siguiendo los protocolos sanitarios vigentes. También denunció la filtración de información sensible del caso, lo que, a su juicio, generó interpretaciones erróneas y la difusión de datos inexactos.
En relación con el allanamiento, las autoridades encontraron ocho fetos, algunos con signos de desmembramiento, que —según fuentes oficiales— habían sido descartados como residuos patológicos y estaban a la espera de ser retirados por una empresa especializada.
La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en los procedimientos o en el accionar de la organización. El caso involucra a varias jurisdicciones: la Justicia federal analiza el rol de la ONG; la Justicia provincial investiga el hallazgo de los fetos y la legalidad de las intervenciones; y en Santiago del Estero continúa la causa por abuso sexual, con dos sospechosos que permanecen prófugos.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
Peritos trabajan para identificar cuál de los restos corresponde a la menor, con el fin de obtener material genético que permita avanzar en la investigación. Mientras tanto, la niña y su madre ya regresaron a su provincia, donde sigue en curso el proceso judicial.
Con Información de TN.-
