El proceso judicial contra Nicolás Maduro en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York atraviesa una fase crítica, luego de que su equipo de defensa privada solicitara retirarse del caso, lo que abre paso a que sea representado por defensores públicos federales.
La situación surge tras el vencimiento de los plazos fijados por el juez Alvin Hellerstein para resolver el financiamiento de la defensa, en medio de un conflicto por el uso de fondos venezolanos bloqueados por sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP PARA ESTAR INFORMADO
De acuerdo con lo expuesto ante el tribunal, la defensa encabezada por el abogado Barry Pollack no pudo continuar debido a la imposibilidad de recibir honorarios, advirtiendo previamente que sin acceso a recursos no era viable mantener la representación privada.
Ante este escenario, el juez inició el proceso para asignar defensores públicos federales (CJA), luego de determinar que Maduro no dispone de fondos personales legales en Estados Unidos para costear su defensa. La decisión se sustentó en declaraciones bajo juramento del propio acusado, quien aseguró no contar con recursos lícitos en ese país.
El caso también ha estado marcado por la negativa de la OFAC a autorizar el uso de activos venezolanos congelados para el pago de honorarios legales, al considerar que dichos fondos están sujetos a sanciones vigentes y no pueden ser utilizados con ese fin.
La defensa había advertido que esta restricción afectaba directamente el derecho a elegir representación legal, lo que terminó acelerando su salida del proceso.
Mientras se define la nueva representación, el expediente avanza bajo estricta reserva en otras líneas de investigación. Entre ellas, se mantiene sellada la evaluación sobre la nacionalidad de origen de Maduro, un elemento que el juez revisa de forma confidencial y que podría incidir en el avance del caso sin protecciones diplomáticas.
Además, la Fiscalía incorporó peritajes técnicos sobre el sistema electoral venezolano correspondientes al proceso del 28 de julio de 2024, con el objetivo de sustentar presuntas irregularidades. De confirmarse estos elementos, el Ministerio Público podría solicitar cadena perpetua, al argumentar que se habría utilizado el poder de forma ilegítima para encubrir operaciones de narcoterrorismo.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
En Venezuela, entretanto, se mantiene la narrativa oficial de que su ausencia es temporal, lo que ha permitido la continuidad administrativa del Ejecutivo bajo la conducción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sin que se haya convocado a elecciones.
Con Información de ElNacional.-
