El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un sistema de controles policiales en los accesos a la Villa 31, con el objetivo de frenar su expansión y evitar nuevas construcciones no autorizadas. La medida busca impedir el ingreso de materiales de obra y forma parte de un plan integral de ordenamiento urbano.
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Orden en la Villa 31.
— Jorge Macri (@jorgemacri) March 26, 2026
Acá no hay zonas liberadas.
No hay excepciones.
No hay lugares donde la ley es opcional.
Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto.
La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad. pic.twitter.com/O6hM1z12II
La iniciativa, impulsada por la gestión de Jorge Macri, incluye inspecciones de edificaciones, desalojos de propiedades ocupadas ilegalmente y un refuerzo de la seguridad. Según las autoridades, el propósito es regularizar la situación del barrio y avanzar en su integración al resto de la ciudad.
Como parte del operativo, varias de las 13 entradas vehiculares fueron modificadas: algunas se convirtieron en peatonales, otras cuentan ahora con presencia permanente de la Policía de la Ciudad, y en ciertos accesos se implementaron cambios de circulación y barreras físicas para limitar el tránsito.
La Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro y con extensiones hacia Recoleta, ocupa unas 72 hectáreas y alberga a cerca de 45.000 personas. Durante décadas, su crecimiento se produjo sin planificación ni controles, lo que derivó en construcciones precarias, conexiones irregulares de servicios y edificaciones en zonas de riesgo.
Desde el Gobierno local señalaron que el plan de urbanización iniciado en 2016 no logró contener el crecimiento desordenado ni garantizar el desarrollo previsto, por lo que ahora se busca avanzar con nuevas medidas de control.
Además, las autoridades indicaron que el área presenta un mercado informal con altos costos de alquiler, así como actividades vinculadas a la economía ilegal, lo que refuerza la necesidad de intervención estatal.
El despliegue de seguridad también apunta a controlar el avance de construcciones irregulares, una problemática que ha sido objeto de intervenciones judiciales en los últimos años. En ese sentido, se recordó que anteriormente se clausuraron establecimientos que operaban fuera de la normativa vigente.
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El plan se enmarca en una estrategia más amplia para ordenar el territorio, mejorar las condiciones de habitabilidad y garantizar el cumplimiento de la ley en toda la ciudad.
Con Información de Clarin.-
