El 27 de febrero de 2026, tras más de 12 horas de debate, el Senado aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a la Ley de Modernización Laboral. La norma fue finalmente promulgada y publicada en el Boletín Oficial, marcando su entrada en vigencia.
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Aunque la ley tiene un enfoque principalmente laboral, el artículo 192 incorpora cambios impositivos relevantes para el mercado inmobiliario. En concreto, establece la exención del Impuesto a las Ganancias para personas que alquilan propiedades con destino de vivienda y para personas naturales que venden inmuebles. Si bien la ley rige desde su publicación, sus efectos son retroactivos al 1 de enero de 2026.
Hasta ahora, la compraventa de inmuebles estaba alcanzada por el Impuesto Cedular, que gravaba con una alícuota del 15% la ganancia obtenida en la venta de propiedades adquiridas desde 2018. Por su parte, los ingresos por alquiler también estaban sujetos al pago del Impuesto a las Ganancias. Con la nueva normativa, ambos casos quedan exentos, aunque el impuesto no se elimina, sino que se suspende mediante esta exención, lo que deja abierta la posibilidad de que pueda restablecerse en el futuro.
La medida beneficia principalmente a personas naturales que realizan operaciones inmobiliarias de manera ocasional. En cambio, quienes se dedican habitualmente a la compra y venta de inmuebles —como empresas o intermediarios del sector— deberán continuar tributando bajo el régimen general. La reglamentación de estos cambios aún está pendiente.
En el caso de los alquileres con destino habitacional, la exención se aplica sin distinción entre propietarios, independientemente de la cantidad de inmuebles que posean. Esto implica una mejora directa en la rentabilidad para los arrendadores, ya que dejarán de tributar por estos ingresos.
Especialistas señalan que la medida podría incentivar el mercado inmobiliario al reducir la carga fiscal y aumentar las ganancias netas de los propietarios. Sin embargo, la prolongada discusión legislativa generó incertidumbre y retrasó el cierre de operaciones durante los últimos meses.
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En términos generales, la reforma busca aliviar la presión tributaria y simplificar el sistema impositivo en el sector inmobiliario, en línea con la política oficial de reducción de impuestos.
Con Información de LN.-
