Un ciudadano venezolano deportado el año pasado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador demandó a Estados Unidos por 1,3 millones de dólares por daños y perjuicios. Con esta acción, se convierte en el primer venezolano enviado a un tercer país en reclamar una indemnización.
Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años de edad, presentó la demanda este martes, en la que acusa al gobierno del presidente Donald Trump de negarle sistemáticamente el derecho al debido proceso. Según su denuncia, fue identificado erróneamente como miembro de una pandilla y trasladado ilegalmente a una prisión extranjera.
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El venezolano aseguró que su intención no es regresar a Estados Unidos, sino limpiar su nombre. “Quiero demostrar quién soy y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil”, afirmó.
León Rengel fue uno de los cientos de migrantes venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, donde permanecieron incomunicados tras ser catalogados como criminales “extremadamente peligrosos”.
“Lo que les ocurrió a los venezolanos enviados al Cecot podría sucederle a cualquier migrante en este país”, advirtió.
El joven fue repatriado a Venezuela en julio de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros entre la administración Trump y el gobierno de Nicolás Maduro.
Había ingresado a Estados Unidos en junio de 2023, tras obtener una cita a través de la aplicación CBP One, implementada durante la presidencia de Joe Biden para gestionar solicitudes de asilo.
Al momento de su detención, en marzo del año pasado en Irving, Texas, esperaba una audiencia migratoria prevista para 2028 y contaba con una solicitud activa para el Estatus de Protección Temporal (TPS).
La demanda sostiene que las autoridades ignoraron la documentación que acreditaba su estatus legal y justificaron su detención alegando que sus tatuajes lo vinculaban con el Tren de Aragua, organización catalogada como terrorista por el gobierno estadounidense.
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Además, la querella señala que fue engañado sobre su destino y trasladado al Cecot, donde —según denuncia— sufrió abusos físicos y psicológicos.
El caso cuenta con el respaldo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) y el Fondo de Defensores de la Democracia, organizaciones que previamente habían presentado una queja legal por su presunta deportación sin el debido proceso.
Con Información de LN y ElNacional.-
