El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles sus cartas de renuncia ante la Asamblea Nacional, en medio del proceso de amnistía para presos políticos que abarca casos desde 1999 hasta la actualidad.
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El abogado y exfiscal Zair Mundaray fue uno de los primeros en referirse públicamente a una posible salida del funcionario del Ministerio Público. “Termina el ciclo de horror, extorsiones y crímenes de Tarek William Saab”, escribió en la red social X.
Posteriormente, el periodista Alejandro Hernández, director del medio digital La Gran Aldea, aseguró haber confirmado la salida de Saab. Según indicó, dentro de la Fiscalía General de la República “dan por hecho” que el sustituto sería Larry Devoe, a quien describió como una persona cercana a los hermanos Rodríguez desde hace años.
Hernández recordó además que, en 2017, Devoe integró el equipo que Jorge Rodríguez llevó al fallido proceso de diálogo realizado en República Dominicana.
Gestión marcada por denuncias de persecución
Tarek William Saab estuvo al frente del Ministerio Público desde 2017, tras la salida de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero y del nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República, en el país se han anunciado diversos cambios políticos e institucionales, entre ellos la excarcelación de presos políticos, la aprobación de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional y el cierre de El Helicoide como centro de detención.
Dentro de este proceso, presentado oficialmente como una etapa de transición, pacificación y reconocimiento de errores en la aplicación de la ley, distintos defensores de derechos humanos y líderes opositores consideraban que la permanencia de Saab al frente de la Fiscalía representaba la continuidad de una estructura de persecución judicial denunciada durante años.
Durante su gestión, el Ministerio Público abrió investigaciones contra cientos de opositores, periodistas y activistas, incluyendo casos emblemáticos como los de los dirigentes María Corina Machado y Edmundo González.
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Organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron además denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como mecanismo de represión, así como al menos 18 muertes bajo custodia registradas durante su administración.
Con Información de ElNacional.-
