El escrito de acusación presentado en Nueva York contra Nicolás Maduro incluye señalamientos que han generado preocupación en México. El documento, de 25 páginas, sostiene que el dirigente venezolano, cuando se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Hugo Chávez (2006-2008), habría facilitado la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos para favorecer el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
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Según la imputación, a la que tuvo acceso el diario mexicano Reforma, esos documentos habrían sido utilizados por miembros del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para operar con supuesta cobertura diplomática. Ambas organizaciones son mencionadas reiteradamente en el expediente como presuntas aliadas del llamado Cártel de los Soles, estructura criminal que, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense, habría funcionado desde el aparato estatal venezolano entre 1999 y 2019.
El texto sostiene que “Maduro y sus cómplices se aliaron con narcoterroristas del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos”. La droga, presuntamente producida en Colombia y Venezuela, era trasladada a través de rutas que incluían puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica —especialmente Honduras y Guatemala— antes de llegar a México, desde donde cruzaba la frontera hacia territorio estadounidense.
La acusación también menciona al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a quien se le atribuye haber recibido sobornos de Los Zetas para coordinar envíos de droga desde Venezuela hacia México. Asimismo, señala a Joaquín “El Chapo” Guzmán —condenado en Estados Unidos— como supuesto financista de laboratorios en Colombia cuya producción tenía como destino final el mercado estadounidense.
El expediente describe a México no solo como país de tránsito, sino como una plataforma logística, financiera y marítima clave dentro de la estructura criminal. Según el documento, el funcionamiento de la red se apoyaba en esquemas de corrupción en los países de paso, donde traficantes habrían pagado sobornos a funcionarios para garantizar protección y continuidad de las operaciones.
El período bajo investigación abarca dos décadas, entre 1999 y 2019, lo que coincide con cinco administraciones mexicanas. Aunque la acusación no formula cargos contra exmandatarios de ese país, la mención de México como parte estructural del entramado ha generado inquietud política, en un contexto de sensibilidad diplomática entre Washington y Ciudad de México.
Fuentes citadas por medios internacionales señalan que el caso podría adquirir mayor dimensión si Maduro decidiera colaborar con la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales, escenario que podría tener repercusiones políticas en la región.
Para sustentar la acusación, los fiscales habrían recopilado grabaciones de la DEA, testimonios de testigos protegidos y registros financieros obtenidos durante años de investigación.
El proceso judicial continúa en el Distrito Sur de Nueva York. Una audiencia prevista para febrero fue reprogramada para el 26 de marzo por razones logísticas. Ese día también está prevista la comparecencia de Cilia Flores, esposa de Maduro, quien igualmente se ha declarado inocente.
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Maduro fue capturado en enero durante un operativo estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York. En su primera presentación ante la corte se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y afirmó ser un “prisionero de guerra”. Gobernó Venezuela desde 2013 hasta enero de 2026, cuando fue depuesto. Desde entonces, la presidencia interina es ejercida por Delcy Rodríguez.
Con Información de ElNacional e Infobae.-




