La relación entre los gremios bonaerenses y el gobernador Axel Kicillof atraviesa su momento más delicado. En un giro inesperado en la dinámica política provincial, los principales sindicatos docentes advirtieron que, si el Ejecutivo no mejora la oferta salarial, el ciclo lectivo no comenzará el próximo 24 de febrero.
Se trata de un escenario poco habitual. Desde su llegada al poder en 2019, Kicillof había logrado mantener un vínculo estable con los gremios del sector educativo, garantizando el inicio de clases sin huelgas, algo que sus antecesores no siempre consiguieron. Sin embargo, la aceleración de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo tensaron ese equilibrio.
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La situación se agravó tras la última reunión paritaria. El Gobierno provincial presentó una propuesta de incremento que fue considerada “insuficiente” por los representantes sindicales.
El desafío para la administración provincial es doble: evitar un inicio de clases con escuelas cerradas y, al mismo tiempo, contener un aumento del gasto salarial que —según advierten desde el Ministerio de Economía bonaerense— las finanzas públicas difícilmente puedan sostener.
El conflicto
La brecha entre las demandas sindicales y la oferta oficial es significativa. Mientras los gremios mayoritarios como Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) rechazaron la propuesta, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que integran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), encabezado por Roberto Baradel, y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB)— adoptó una postura más cautelosa y resolvió someter la propuesta a análisis en asambleas.
El eje de la controversia radica en la interpretación de los cuadros salariales. Desde el Ejecutivo sostienen que en enero los trabajadores estatales recibieron un aumento del 4,5 % respecto de diciembre.
Los sindicatos, en cambio, denuncian un “maquillaje” en los cálculos. Argumentan que ese porcentaje incluyó dos pagos retroactivos —equivalentes en total al 1,5 %— que ya no están vigentes.
Según su interpretación, la nueva oferta consolida ese 1,5 % previo y agrega apenas un 1,5 % adicional, lo que ubica el incremento por debajo de la inflación de enero, que fue del 2,9 %.
Ante un eventual estancamiento de la negociación, el Gobierno provincial evalúa aplicar el aumento por decreto para evitar demoras en la liquidación de haberes, mientras intenta retomar el diálogo.
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Sin embargo, el clima interno en el frente sindical es inestable. En enero, la FEB ya había rechazado una propuesta que finalmente fue aprobada por mayoría dentro del FUDB, mientras que los trabajadores judiciales aceptaron la última oferta dejando constancia de su disconformidad. En esta ocasión, el margen para cerrar la paritaria de manera forzada parece haberse reducido considerablemente.
Con Información de TN.-
