“Valentín entró caminando al sanatorio y salió con muerte cerebral”. Esa frase se repite desde el 11 de julio de 2024 entre quienes conocen la historia de Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años de edad que murió tras someterse a una intervención quirúrgica que había sido calificada como de baja complejidad.
El menor fue internado para una operación por una hernia diafragmática. Según le informaron a su familia, se trataba de una cirugía sencilla. Sin embargo, durante el procedimiento sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica, una grave lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno y de flujo sanguíneo al cerebro. Una semana después, fue diagnosticado con muerte cerebral.
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Su madre, Ariana Toledo, lo sostuvo en brazos cuando se tomó la decisión de desconectarlo del soporte vital.
Por el fallecimiento del niño fue condenado el médico anestesiólogo Javier Atencio Krause, de 46 años de edad, quien fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo. De acuerdo con la acusación fiscal, el profesional se habría distraído con su teléfono celular y no advirtió una obstrucción del tubo endotraqueal, lo que provocó que Valentín permaneciera sin oxígeno durante varios minutos.
Este martes a las 12:30, el juez Emilio Stadler dará a conocer la pena. El fiscal Gastón Britos Rubiolo solicitó una condena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación especial para ejercer la medicina por diez años. Los abogados de la familia de la víctima, Miguel Ángel Zeballos Díaz y Agustín Aguilar, acompañaron el pedido. La defensa, en tanto, solicitó el mínimo de la pena y que la inhabilitación se limite únicamente a la atención pediátrica.
El juicio se desarrolló en tres audiencias realizadas en noviembre del año pasado, y el magistrado consideró probado que Atencio Krause fue responsable penal de la muerte de Valentín. La audiencia de cesura, en la que se debatió el monto de la pena, se llevó a cabo el 3 de febrero.
El hecho ocurrió en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, provincia de Río Negro, donde rige el sistema acusatorio adversarial. Durante el proceso judicial, el cirujano Fernando Cordero, quien atendía al niño, sostuvo que la intervención no revestía alta complejidad. No obstante, según la acusación, Valentín permaneció al menos diez minutos sin registros de presión arterial ni de oxigenación, lo que habría desencadenado la lesión cerebral irreversible.
En ese lapso, se acreditó que el anestesiólogo utilizó su teléfono celular y se ausentó del quirófano para buscar el cargador del dispositivo.
En su alegato, el fiscal Rubiolo afirmó que el imputado actuó con impericia y negligencia, al no cumplir con los protocolos que exigen una vigilancia anestésica continua. Según detalló, a las 10:50 del 11 de julio el monitoreo multiparamétrico del niño registró un período anormal de aproximadamente diez minutos sin mediciones de presión arterial ni de saturación de oxígeno, lo que derivó en una taquicardia y un cuadro de hipoxia que debió haber sido advertido de inmediato.
Mientras esto ocurría, los padres de Valentín, Ariana Toledo y Daniel Mercado, aguardaban con preocupación en la clínica, ya que la cirugía se prolongaba más de lo previsto. Según explicó el abogado Miguel Ángel Zeballos Díaz, el sufrimiento no terminó con la operación, sino que continuó durante una semana marcada por la incertidumbre y lo que una psicóloga describió en el juicio como una “estafa emocional”.
Durante esos días, la familia recibió información contradictoria. Se les indicaba que debían esperar la evolución del niño, que todo estaba bajo control y que con el paso de las horas sería retirado el respirador. Sin embargo, los profesionales ya conocían el daño ocurrido en el quirófano. “Fueron siete días de incertidumbre y de un trato profundamente cruel”, relató Zeballos Díaz, al recordar el momento en que Ariana escuchó la frase: “Mamá, lo vamos a desconectar”, mientras sostenía a su hijo en brazos.
Cuando la cirugía finalizó, Ariana volvió a ver a Valentín en terapia intensiva, sedado, conectado a tubos y rodeado de monitores. Los pronósticos eran confusos: le dijeron que podría tener dificultades para hablar o caminar, pero que se encontraba estable. La realidad fue distinta.
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El niño comenzó a convulsionar, presentó fiebre y fue diagnosticado con diabetes insípida. Más tarde, la familia supo que esos síntomas eran compatibles con un cuadro de muerte cerebral. Finalmente, los médicos confirmaron que no había posibilidades de recuperación y se procedió a la desconexión del soporte vital.
Tras el fallecimiento, los padres realizaron la denuncia y se inició la investigación judicial que culminó con la condena del anestesiólogo.
Con Información de Clarin.-
