Con la elección este domingo de la oficialista Laura Fernández como presidenta de Costa Rica para el período 2026-2030, el país ratificó un giro hacia la derecha y consolidó la continuidad política del actual mandatario, Rodrigo Chaves. La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 8 de mayo y, según afirmó en su discurso de victoria, su gobierno impulsará cambios “profundos e irreversibles”, aunque aseguró que estarán enmarcados en el “diálogo y la conciliación” con los distintos sectores políticos.
“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro: el cambio será profundo e irreversible”, declaró Fernández desde una tarima instalada en las afueras de un hotel de San José, ante cientos de simpatizantes. En Costa Rica se conoce como segunda república al período iniciado tras la guerra civil de 1948, que incluyó transformaciones clave como la abolición del Ejército y la promulgación de una nueva Constitución.
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Si bien Fernández, politóloga de 39 años, no precisó los ejes concretos de la denominada “tercera república”, durante la campaña prometió impulsar reformas al Poder Judicial y a otras instituciones del Estado. Dirigentes de su partido, Pueblo Soberano, reconocieron además que uno de los objetivos es modificar la Constitución para habilitar la reelección presidencial consecutiva.
La presidenta electa obtuvo el 48,5 % de los votos, con el 88,4 % de las mesas escrutadas, superando el 40 % requerido para ganar en primera vuelta. En su discurso se definió como “una demócrata convencida” y “defensora de la libertad, de la vida y de la familia”. También mantuvo una conversación telefónica con Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación, y a quien agradeció el “ejemplo” brindado durante su gestión.
Según datos preliminares, el oficialismo obtuvo 30 de los 57 escaños del Congreso, aunque Fernández expresó su aspiración de alcanzar hasta 40 bancas, lo que le permitiría impulsar reformas estructurales que requieren mayorías calificadas. La principal fuerza opositora será el Partido Liberación Nacional (PLN), cuyo candidato, Álvaro Ramos, alcanzó el 33,3 % de los votos y advirtió que ejercerá una “oposición constructiva”, sin avalar decisiones cuestionables.
Desde la oposición y sectores críticos, la victoria oficialista generó preocupación por un posible “camino autoritario”, debido a los recurrentes enfrentamientos de Chaves con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y medios de comunicación. No obstante, Fernández afirmó que seguirá el legado de su antecesor, alejándose de propuestas de ruptura institucional.
Durante una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, llamó a respetar el resultado electoral sin renunciar a la crítica democrática y a la vigilancia ciudadana. El abstencionismo se ubicó en 30,3 %, según cifras oficiales.
En el plano económico, Fernández destacó los resultados del período 2024-2025, marcado por crecimiento económico, reducción del desempleo y descenso de la deuda pública. De acuerdo con el informe Estado de la Nación 2025, Costa Rica fue el país de mayor dinamismo dentro de la OCDE, aunque persisten desafíos en redistribución de la riqueza y sostenibilidad a largo plazo.
La seguridad fue otro eje central de la campaña. La inseguridad y el crimen organizado escalaron en la agenda pública tras registrarse en 2025 una tasa de 16,7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el tercer año más violento en la historia reciente del país, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Fernández aseguró que su gobierno aplicará la estrategia “Costa Rica Segura Plus 2023-2030” y prometió mano dura contra la delincuencia.
Entre las medidas más debatidas figuran la suspensión de garantías individuales en zonas críticas para combatir al narcotráfico, el endurecimiento de sanciones contra el crimen organizado y la culminación de una cárcel de máxima seguridad, inspirada en modelos internacionales como el de El Salvador, iniciativas que han generado fuertes críticas opositoras.
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Además, el programa de gobierno contempla la modernización del sistema educativo, la sostenibilidad ambiental, una mayor eficiencia del Estado y la recuperación de la confianza en el sistema judicial. Nacida en Puntarenas, Fernández se presentó durante la campaña como madre y esposa, con una trayectoria de más de una década en el sector público y experiencia como consultora en áreas de empleo público, inversión y cooperación internacional, credenciales que ahora llevará a la presidencia del país.
Con Información de laconexionusa.com e Infobae.-
