El Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que Samanta Hernández, una adolescente de 16 años de edad detenida de forma arbitraria el año pasado, fue presionada por su defensora pública para que admitiera delitos que asegura no haber cometido. El hecho habría ocurrido durante la audiencia preliminar celebrada el jueves 15 de enero.
En un comunicado difundido en redes sociales, la organización calificó el caso como un episodio de persecución familiar y castigo colectivo, presuntamente vinculado al exilio de su hermano, el teniente Cristián Hernández, crítico del gobierno.
Según la ONG, la defensora pública asignada por el Estado, Annely Ramos, identificada como Defensora Pública 16 Penal de Adolescentes, habría insistido en que la menor admitiera hechos que niega haber cometido, pese a que —hasta el momento— no se le han informado formalmente los cargos en su contra.
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Presentan a Samanta Hernández ante un tribunal de terrorismo
Samanta Hernández fue detenida el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la vivienda de sus abuelos, ubicada en la parroquia El Valle, en Caracas. Es hermana del teniente Cristián Hernández, actualmente en el exilio, y sobrina de Henry Castillo, desaparecido desde enero de 2025.
La adolescente fue presentada ante la jueza Kelly Núñez, titular del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. De acuerdo con el Comité, a los padres de la menor se les impidió el ingreso a la sala de audiencias y continúan a la espera de conocer los cargos que se le pretenden imputar.
En la misma audiencia también habría sido presentada Aranza de los Ángeles Hernández, de 19 años de edad, hermana de Samanta.
Denuncian castigo colectivo contra la familia Hernández
El Comité sostuvo que la detención de Samanta y Aranza Hernández forma parte de un patrón de persecución por parentesco, conocido como Sippenhaft, cuyo objetivo sería presionar a la familia para forzar la entrega del teniente Cristián Hernández.
La organización señaló que prácticas similares se han registrado recientemente en el país y mencionó, entre otros, los casos de familiares del teniente José Rodríguez Araña, del capitán Antonio Sequea, del periodista Omario Castellanos —recientemente excarcelado— y del diputado Fernando Orozco, quien permanece desaparecido junto a varios de sus familiares.
En el caso de la familia Hernández, también continúa detenida Maykelis Borges, esposa del capitán, quien se encontraba embarazada al momento de su detención, cerca de la plaza Altamira.
Exigen la liberación de adolescentes y presos políticos
Finalmente, el Comité reiteró su exigencia de libertad para el adolescente Gabriel Rodríguez, condenado a 10 años de prisión, así como para todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.
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“No hay reconciliación ni transición posible con presos políticos. ¡Que sean todos liberados ya!”, expresó la organización.
Con Información de ElNacional.-
