El Gobierno de Venezuela publicó este lunes en la Gaceta Oficial el decreto de Estado de Conmoción Exterior, una medida que otorga amplios poderes a la Presidencia y ordena a las fuerzas de seguridad la captura de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” del ataque de Estados Unidos contra el país.
El documento, fechado el sábado, está firmado por Nicolás Maduro, quien fue capturado esa misma madrugada por fuerzas estadounidenses y permanece detenido en Nueva York. El texto también fue refrendado por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada.
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“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de los Estados Unidos de América contra el territorio de la República, con miras a su juzgamiento”, establece el decreto.
La medida, que tiene rango de ley, tendrá una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por otros 90. Si bien el decreto había sido preparado y anunciado a fines de septiembre, tras el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, su contenido fue actualizado a la luz de los acontecimientos del fin de semana.
La Constitución venezolana contempla que, bajo un estado de excepción, el presidente asuma facultades políticas, económicas y sociales extraordinarias. Se trata de la primera vez que se invoca la figura de “conmoción exterior” desde la aprobación de la Constitución de 1999, que la habilita ante conflictos que “pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones”.
Militarización de la infraestructura
El decreto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, así como de la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado. El personal que presta servicios en esas áreas quedará “temporalmente sometido al régimen militar”.
Además, habilita al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional, suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas y aplicar “cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo”, aunque aclara que se garantizarán derechos fundamentales como la vida, la libertad personal y el debido proceso.
“Un decreto de estado de conmoción exterior implica la restricción de garantías constitucionales”, explicó a CNN Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
Según el jurista, la Ley de Estados de Excepción otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”, aunque la Carta Magna establece límites y mantiene como intangibles derechos como la prohibición de la incomunicación y la tortura, el acceso a la justicia y el derecho a la información.
El texto oficial también exhorta a la población a “asumir con firme fervor patriótico” la defensa de la Nación.
En 2024, el Ejecutivo había promulgado una ley que castiga a los venezolanos que “apoyen llamados a sanciones o cualquier daño extranjero”, habilitando la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes.
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En septiembre pasado, Delcy Rodríguez había adelantado que, una vez activado el decreto, el Gobierno podría cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas, además de poner en marcha planes económicos, políticos y sociales especiales para “garantizar la vida nacional”.
Apitz advirtió que, si bien el decreto puede ser revocado por la Asamblea Nacional o por el Poder Judicial —ambos de mayoría oficialista—, en la práctica “no existen contrapesos reales” frente al Poder Ejecutivo en Venezuela.
Con Información de cnnespanol.cnn.com.-
