El gobierno de Nicolás Maduro ejecutó entre el 24 y el 26 de diciembre una operación tecnológica de gran escala que permitió la unificación de las bases de datos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), la banca pública y el sistema Patria. Así lo revela una investigación de la periodista Milagros Socorro, publicada por el portal La Gran Aldea, que documenta una migración masiva y coordinada de servidores estatales.
De acuerdo con el reportaje, especialistas en ciberseguridad que monitorearon el tráfico digital detectaron picos inusuales de actividad, procesos de reindexación de bases de datos y episodios de latencia selectiva en portales oficiales, coincidiendo con los días de menor uso ciudadano debido al asueto navideño.
Según la investigación, la lentitud e intermitencia que reportaron numerosos usuarios al intentar acceder a plataformas gubernamentales no respondió a tareas de “mantenimiento rutinario”, sino a una operación de integración masiva de millones de registros en tiempo real.
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Un sistema que valida, cruza y actualiza datos automáticamente
El informe sostiene que esta reconfiguración representa un cambio estructural en la forma en que el Estado administra la identidad ciudadana. Hasta ahora, organismos como el Saime, la banca pública —especialmente el Banco de Venezuela— y el sistema Patria operaban de manera independiente, con cruces de información parciales y limitados.
La nueva arquitectura, en cambio, centraliza los datos en un único nodo capaz de validar, cruzar y actualizar información de forma automática. Esto permitiría, según el reporte, bloquear o inhabilitar la identidad civil de cualquier ciudadano desde un solo sistema, sin necesidad de procedimientos judiciales ni trámites administrativos convencionales.
En la práctica, una inconsistencia, error o señal considerada “irregular” en cualquiera de los sistemas podría derivar en la suspensión inmediata de servicios bancarios, trámites de identidad o el acceso a beneficios sociales.
Uno de los hallazgos más sensibles de la investigación es la integración de protocolos de la banca pública que exigen el registro del código IMEI de los teléfonos móviles y la geolocalización precisa del usuario en cada transacción. El cruce de estos datos permitiría asociar movimientos financieros con ubicaciones físicas en tiempo real, así como detectar coincidencias geográficas entre personas consideradas de “interés”, sin necesidad de vigilancia presencial.
“Con esta centralización pueden impedir que una persona compre gasolina, pague servicios básicos o acceda a un hospital público simplemente desactivando su identidad digital. Es, en los hechos, un interruptor de ciudadanía”, advierte el informe.
Un posible “corralito patrimonial”
La investigación también alerta sobre las consecuencias para los venezolanos que residen en el exterior. Al unificar los datos migratorios con los sistemas bancarios y de propiedad, el Estado podría suspender de forma automática el acceso a cuentas, trámites o bienes, sin notificación previa ni orden judicial.
Asimismo, se advierte sobre la posibilidad de bloquear o impedir transferencias de propiedades mediante mecanismos digitales, lo que el reportaje define como un posible “corralito patrimonial” ejecutado desde plataformas tecnológicas.
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La Gran Aldea indicó que los hallazgos se basan en análisis de tráfico de red y monitoreo de nodos estatales realizados entre el 22 y el 26 de diciembre. Por razones de seguridad, el medio decidió resguardar la identidad de los expertos que participaron en la investigación.
Con Información de ElNacional.-
