La administración de Donald Trump autorizó secretamente a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, según confirmaron funcionarios estadounidenses, intensificando así su campaña contra Nicolás Maduro.
La medida representa un nuevo paso en la estrategia de presión del gobierno republicano. En paralelo, el Ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana que, según informes, transportaban drogas, dejando un saldo de 27 muertos. Fuentes oficiales admitieron, en privado, que el objetivo final era forzar la salida de Maduro del poder.
Con la nueva autorización, la CIA podría realizar operaciones letales en Venezuela y otras acciones en el Caribe, ya sea de manera unilateral o en coordinación con operaciones militares más amplias. Se desconoce si la agencia tiene actualmente misiones activas en el país o si la medida responde a un plan de contingencia.
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Mientras tanto, el Ejército estadounidense evalúa una posible escalada militar, incluyendo opciones de ataque dentro del territorio venezolano. En la región hay desplegadas unas 10.000 tropas estadounidenses, la mayoría en Puerto Rico, además de un contingente de marines y ocho buques de guerra, junto a un submarino en el Caribe.
Estas nuevas autorizaciones, conocidas como “hallazgo presidencial” (presidential finding), fueron descritas por múltiples fuentes que hablaron bajo anonimato debido a la naturaleza altamente clasificada del documento.
Trump habría ordenado suspender las conversaciones diplomáticas con Caracas tras frustrarse los intentos de transición de poder y ante la negativa del gobierno venezolano a reconocer su presunta participación en el narcotráfico.
Históricamente, la CIA ha tenido autorización para cooperar con gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad e inteligencia, pero no para ejecutar operaciones letales directas.
Según fuentes consultadas, la estrategia hacia Venezuela fue desarrollada por el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, con apoyo del director de la CIA, John Ratcliffe, y buscaba derrocar al gobierno de Maduro.
Ratcliffe había prometido que bajo su liderazgo la agencia sería “más agresiva y menos adversa al riesgo”. Durante su audiencia de confirmación, afirmó que la CIA actuaría “en lugares donde nadie más puede ir y haría cosas que nadie más puede hacer”.
Ni la Casa Blanca ni la CIA hicieron comentarios oficiales sobre estas revelaciones.
Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, acusado de narcotráfico. La administración Trump calificó al mandatario venezolano como un “narcoterrorista” y “líder ilegítimo”.
Sin embargo, una evaluación interna de las agencias de inteligencia estadounidenses contradijo la afirmación de que Maduro controle directamente grupos criminales como el Tren de Aragua.
Trump justificó sus acciones ante el Congreso, alegando que Estados Unidos enfrenta “un conflicto armado contra cárteles de la droga considerados organizaciones terroristas”.
Los hallazgos presidenciales que autorizan operaciones encubiertas son uno de los instrumentos más secretos y poderosos de la autoridad ejecutiva estadounidense, y su supervisión por parte del Congreso es limitada.
A diferencia de las operaciones militares públicas, las acciones de la CIA se mantienen en secreto, salvo casos emblemáticos como la operación en la que comandos de la agencia y Navy SEALs abatieron a Osama bin Laden en 2011.
La CIA ha intensificado su rol en el combate al narcotráfico desde la administración Trump, y bajo la dirección de William Burns (en la era Biden) expandió incluso el uso de drones en México para detectar laboratorios de fentanilo.
No obstante, el historial de la agencia en América Latina sigue siendo polémico: desde el golpe de Estado en Guatemala en 1954, hasta su participación en la invasión de Bahía de Cochinos, los intentos de asesinato de Fidel Castro, el golpe en Chile de 1973 y la guerra encubierta contra el sandinismo en Nicaragua en los años 80.
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Con Información de Clarin.-
