El Gobierno argentino confirmó que no aplicará el protocolo antipiquete en la marcha contra el veto al financiamiento universitario prevista para esta tarde. Desde la Casa Rosada anticipan que no darán órdenes a las fuerzas federales para impedir cortes de calles, ya que esperan una movilización masiva. “Que marchen, los vamos a dejar”, sostienen en Nación.
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En el Ministerio de Seguridad, sin embargo, se dispuso la instalación de vallados en las inmediaciones del Congreso para prevenir incidentes. El operativo estará a cargo del comando unificado, integrado por Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según fuentes oficiales, las fuerzas intervendrán únicamente si los manifestantes intentan derribar las vallas. “Se avanzará con la misma lógica que en las protestas más multitudinarias. Vamos a cuidar los bienes del Estado”, señalaron.
El secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, mantuvo este martes reuniones en la Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo, en el marco de la coordinación previa a una protesta de gran magnitud. También hubo contactos con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Marcha Federal Universitaria está convocada para las 17 en la plaza del Congreso, coincidiendo con la sesión en Diputados que debatirá el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. En Balcarce 50 no confían en sostener la posición oficial en la Cámara Baja.
Desde el Gobierno insisten en que se trata de una marcha con fines “políticos” y ratifican que, en caso de que el Congreso insista con la aprobación de la ley, buscarán dilatar al máximo la aplicación de la erogación presupuestaria.
La movilización contará con el apoyo de la CGT, sectores del Partido Justicialista, la UCR, la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el Frente de Izquierda, entre otros espacios.
En un intento de descomprimir, la Casa Rosada anunció que el Presupuesto 2026 prevé partidas por $4,8 billones para universidades, además de un incremento del 5% en jubilaciones y del 17% en salud. Sin embargo, la medida no logró frenar la tensión.
Según el veto firmado por el Presidente, la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo de $1,06 billones en el presupuesto 2025, calculado como prórroga de las partidas de 2023 ajustadas por inflación. El oficialismo se ampara además en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda norma con nuevos gastos indique claramente su fuente de financiamiento.
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Con información de TN.-
