La mañana del 11 de julio amaneció gris y nublada. Juan Pedro Martínez Piedraita, un inmigrante afrouruguayo, y su pareja, Paola Arismendi, se despertaron en su casa de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, con la mezcla de ilusión y nervios que conocen quienes llevan años esperando regularizar su situación migratoria. Después de casi dos décadas en el país, Juan Pedro creía que finalmente dejaría atrás la residencia precaria para obtener el DNI definitivo.
Pero no fue así. A pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos, de presentarse voluntariamente cada tres meses ante Migraciones, y de tener una vida estable en Argentina, Martínez Piedraita fue detenido en el mismo edificio donde esperaba renovar su residencia. Cinco días después, fue deportado a Uruguay en plena madrugada, sin poder despedirse de su familia.
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Un pasado que no debía ser causal de expulsión
El gobierno argentino justificó la expulsión en una condena previa por violación de domicilio, amenazas reiteradas y desobediencia, por la que Martínez fue sentenciado a un año y nueve meses de prisión en suspenso, pena que cumplió en tiempo y forma. Según la legislación vigente, esa condena no califica como causal automática de expulsión.
No obstante, bajo la gestión del presidente Javier Milei, la política migratoria se endureció. El cambio legal reciente permitió reinterpretar la normativa para aplicar la expulsión aún en casos donde la pena no supera los tres años, como en este.
Una vida construida en Argentina
Martínez Piedraita llegó a Argentina casi 20 años atrás, donde conoció a Paola. Juntos formaron una familia con tres hijos: Dándara (16), Alexis (15) y Johann (6). Juan Pedro se ganaba la vida como albañil, pintor, carpintero y vendedor ambulante, mientras Paola cocinaba y atendía un pequeño kiosco familiar montado en la ventana de su casa.
La pareja vivía con lo justo, pero con estabilidad. En 2022, él inició el trámite para la residencia permanente bajo el criterio de tener hijos argentinos. Recibió una residencia precaria renovable y continuó cumpliendo con todas las exigencias legales.
“En la última cita, el funcionario nos dijo que era la última vez que veníamos a renovar la precaria, que la próxima ya tendría su DNI”, relató Paola a CNN.
Detención sin aviso y deportación inmediata
El 11 de julio, al llegar a Migraciones para una renovación más, les pidieron esperar. Pasaron las horas, y finalmente Juan Pedro fue detenido. Según su abogada, Zulema Montero, no se le informó en ninguna de las citas previas que existía una orden de expulsión desde marzo de 2023. Cinco días después, fue deportado a Uruguay sin previo aviso.
“Vi cómo se le caían las lágrimas, lloraba de desesperación. Me decía: ‘Cumplí mi condena, estoy con mi familia, ¿por qué me hacen esto?’”, recordó Montero.
¿Qué dice la ley?
Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló al menos tres irregularidades en el proceso:
- La falta de notificación fehaciente de la orden de expulsión.
- La no consideración del recurso presentado por la defensa, apelando al artículo 70 de la Ley de Migraciones, que prioriza el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar.
- La incorrecta aplicación del artículo 29 inciso C, que establece que las expulsiones por antecedentes penales deben estar relacionadas con delitos gravísimos o condenas mayores a tres años.
“La Corte Suprema ya ha determinado en varias ocasiones que las condenas deben ser consideradas en concreto, no en abstracto, y que la autoridad migratoria no puede impedir la residencia por penas menores a tres años”, explicó Morales.
Una política migratoria más dura
El caso se produce tras la reciente modificación de la Ley de Migraciones durante la gestión de Javier Milei. Las nuevas disposiciones reemplazan la obligación del Estado de liberar a migrantes con hijos argentinos por una facultad discrecional. Organismos como la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) alertan sobre un aumento del 40% en las expulsiones durante el primer año completo de la actual administración, superando incluso los registros de 2019.
“La política migratoria actual reproduce una lógica de seguridad similar a la de Donald Trump, y retoma el enfoque del DNU 70/2017 de la era Macri, cuando Patricia Bullrich ya ocupaba el rol de ministra de Seguridad”, afirmó Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF.
Una familia rota
Desde la deportación, Paola quedó sola a cargo de sus tres hijos. Abre el kiosco cada mañana, mientras intenta sostener económicamente el hogar. “Juan Pedro acompañaba a los chicos al colegio, trabajaba en la feria, hacía changas… Nos desestabilizó todo esto. Mi nene más chiquito se despierta llorando por las noches. Se llevaron a mi compañero de toda la vida”, cuenta entre lágrimas.
El caso de Juan Pedro Martínez Piedraita se ha convertido en un símbolo de los efectos humanos de las nuevas políticas migratorias. Y pone en tensión el equilibrio entre la seguridad del Estado y los derechos fundamentales de las familias migrantes.
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Con Información de cnnespanol.cnn.com.-
