El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció que la anulación de pasaportes a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en Venezuela constituye una estrategia sistemática de represión y control social por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En un informe reciente, la organización advirtió que al menos 40 casos de anulación fueron documentados entre julio y agosto de 2024, en un contexto marcado por la creciente movilización ciudadana en torno a las elecciones presidenciales. La mayoría de las personas afectadas se enteraron de la anulación al intentar salir del país o al renovar su documento de identidad.
“El Estado ha adoptado esta práctica como una herramienta más para inhibir el debate público, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la libre circulación de quienes considera disidentes”, señaló Cejil.
Anulaciones sin notificación ni debido proceso
Según el informe, todos los casos analizados presentan un patrón común: las personas afectadas no reciben notificación formal, ni existe una resolución administrativa o judicial que justifique la medida. Tampoco se les garantiza el derecho al debido proceso ni acceso efectivo a mecanismos de apelación o defensa.
Entre los afectados se encuentran periodistas, sindicalistas, académicos, artistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos e incluso familiares directos, incluidos menores de edad. En al menos tres casos, también fueron anulados los pasaportes de hijos o parejas de las personas señaladas.
Esta práctica vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la defensa de los derechos humanos, el derecho al trabajo y la libre circulación, generando impactos profundos tanto en el ámbito familiar como profesional, según advierte la organización.
Denuncian participación del Saime y la Dgcim
Cejil también alertó sobre la participación de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en estas acciones represivas.
Existen testimonios que dan cuenta de interrogatorios arbitrarios, revisión de teléfonos móviles, confiscación de pasaportes y detenciones prolongadas sin explicación en oficinas especiales del Saime.
Personas que intentaron presentar reclamos ante la Defensoría del Pueblo o en sedes regionales del Saime denunciaron no haber recibido ninguna respuesta. En el extranjero, la situación se agrava debido a la falta de representaciones diplomáticas activas que permitan gestionar trámites consulares.
Además, se han reportado casos en los que, tras pagar altas sumas de dinero para renovar sus pasaportes, los documentos fueron anulados nuevamente pocos días después.
Represión sistemática y llamado a la comunidad internacional
Para Cejil, esta táctica no busca únicamente sancionar a individuos, sino también disuadir a otros de ejercer activismo, periodismo o cualquier forma de participación pública, como parte de una política de represión sistemática que vulnera el marco legal tanto nacional como internacional.
Ante este panorama, la organización instó a la comunidad internacional, a los Estados y a los organismos multilaterales a:
- Intervenir para mitigar los efectos de estas medidas.
- Fortalecer las políticas migratorias en apoyo a las víctimas.
- Exigir al Estado venezolano el respeto a los derechos fundamentales.
Finalmente, Cejil solicitó revertir las anulaciones arbitrarias y garantizar el acceso al debido proceso administrativo y judicial en todos los casos vinculados a la documentación de identidad y movilidad.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
Con Información de elnacional.com.-
